Cristóbal Valderas: “Los servicios públicos esenciales necesitan un marco normativo justo”

LA ENTREVISTA

Las últimas jornadas “Con-Viviendo”, celebradas en Lopera, contaron con la presencia del máximo dirigente de Clece, la compañía encargada de su organización en colaboración con la Diputación. Diario JAÉN aprovechó su asistencia para charlar sobre los retos que afronta el sector de los servicios públicos esenciales en un momento que coincide con el aumento de la financiación del SAD por parte de la Junta.

—La celebración en Lopera de estas 30ª jornadas de convivencia de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) coincide con el aumento de la financiación de este servicio por parte de la Junta de Andalucía. ¿Cómo ha recibido el sector esta noticia?

—Para valorar este incremento del 3%, hay que recordar que el convenio colectivo del SAD en Andalucía contempla un aumento salarial del 2,5% para este año, al que hay que sumar otro 1,5% para llegar al nuevo SMI aprobado el pasado febrero. Por lo tanto, hablamos de un aumento salarial real del 4% frente a la subida del 3% de la Junta.

—¿Considera, entonces, que es una subida insuficiente?

—Con esta nueva subida, el precio/hora del SAD en Andalucía se sitúa en 16,63 euros, aún por debajo de la media nacional de 20,53 euros, y muy alejado de comunidades como el País Vasco, con 30,15 euros, o Cataluña, con 26,66. Así que siguen siendo necesarias revisiones periódicas con dos objetivos: reforzar el servicio, que tiene una demanda creciente debido al envejecimiento de la población, y seguir impulsando la dignificación laboral de sus profesionales. Aun así, es de agradecer el esfuerzo de la Junta ante la infrafinanciación de la Ley de Dependencia por parte de la Administración General del Estado, que hoy en día sufraga el 38,5% de los costes del sistema de los cuidados, sin alcanzar el 50% al que se comprometió hace 18 años, cuando se aprobó esta normativa. Desde entonces, han pasado 13 ministros del ramo, de distintos partidos políticos, y ninguno ha solucionado esa infrafinanciación.

—¿Esa adecuada financiación garantizaría el presente y futuro de los cuidados?

—Lo cierto es que no basta con solventar esa infrafinanciación. Hoy en día existe un contexto normativo que marca un futuro incierto para los servicios esenciales gestionados por empresas a las que la Administración confía esta labor mediante una licitación pública. Además de la necesidad de financiar adecuadamente la Ley de Dependencia, las profesionales del SAD se han visto afectadas por un real decreto que las equipara en materia de seguridad y salud laboral a las trabajadoras del hogar. Patronales y sindicatos ya han denunciado que se confunden ámbitos laborales y profesionales muy distintos. Ese mismo real decreto parece olvidar que la ayuda a domicilio es un servicio de titularidad pública. En este sentido, atribuye a las empresas adjudicatarias el coste de las modificaciones que se deban hacer en el domicilio de los usuarios para garantizar la prestación del servicio de manera segura. Se trata de un sobrecoste que, por la Ley de Desindexación, no se puede repercutir de manera inmediata a la Administración, lo que supone para las empresas del sector un nuevo desafío, al tener que hacer frente a un gasto que no pudieron calcular cuando presentaron su oferta a la licitación pública.

—¿Cómo afecta la Ley de Desindexación a la prestación de servicios públicos esenciales?

—Esta normativa anacrónica, propia de épocas de recortes, impide a las adjudicatarias repercutir a la Administración los sobrecostes derivados de factores exógenos, incluso aquellos provocados por medidas aprobadas por el propio Gobierno, como la posible reducción de la jornada laboral. Por ejemplo, se calcula que la reducción de jornada incrementará en 1.300 millones de euros los costes de las empresas con contratos públicos en vigor, lo que se une a otros sobrecostes que ya están asumiendo las adjudicatarias y que también tienen un origen en medidas aprobadas por la Administración. Dos claros ejemplos son las cotizaciones adicionales que se aplican desde 2023 a las nóminas por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional o un aumento del SMI del 61% con respecto a 2018. Si no se hace nada por remediarlo, el contexto normativo que rodea al sector marca un futuro complicado para la supervivencia de las empresas a las que las administraciones confían la gestión de servicios como la limpieza de hospitales y otros espacios públicos, los cuidados de personas mayores y dependientes o el mantenimiento de edificios. Hablamos de un sector que da empleo a cerca de 1,4 millones de trabajadores subrogables cuya dignificación laboral también se ve afectada por esta normativa, porque sin una actualización de los precios de los contratos públicos, en la negociación colectiva las empresas tienen muy poco margen para adaptar los salarios al nuevo panorama económico.

—¿Cuál sería la solución a esta situación?

—Urge derogar la Ley de Desindexación, algo que ya ha sido solicitado por las patronales, los sindicatos mayoritarios e incluso la propia Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno. A estas alturas, cuesta entender que la titular del Ministerio de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, siga sin comprender el daño que provoca esta ley y se niegue a derogarla. Y más aún en el periodo de expansión económica en el que nos encontramos. El sector debe seguir trabajando por la defensa de un marco normativo justo y por una financiación adecuada que permita responder a los desafíos del presente y futuro de los servicios públicos esenciales.