Cincuenta familias con casas que ya pagaron, hipotecadas
Impagos municipales a la Junta lastran a los dueños en Pozo Alcón
El Ayuntamiento de Pozo Alcón abanderó en los años 80 una promoción de cincuenta viviendas de protección oficial para familias humildes. Sin embargo, esa misma administración es, más de treinta años después, la responsable de un grave quebrantos para los moradores.
Como explica uno de los afectados, José Francisco Monge, las familias compradoras de las casas de las calles Sevilla, Málaga y Córdoba, cerca de la piscina, pagaron “religiosamente” las cuotas durante los veinticinco años estipulados. Sin embargo, pasado ese periodo, al pedir notas simples comprobaron con sorpresa que sobre los inmueble pesaban cargas hipotecarias. ¿El motivo?, la abultada deuda acumulada, ya que la administración local tenía que transferir el dinero abonado por los vecinos a la Junta, unos fondos que se dedicaron a otras cosas.
Desde entonces, los perjudicados mantienen su lucha. Se encuentran constituidos en una plataforma y en la actualidad redoblan sus protestas para conseguir una solución cuanto antes. Acuden a los plenos municipales y protagonizan manifestaciones con pancartas para llamar la atención sobre el problema.
Los débitos actuales, entre el capital y los intereses, según los cálculos de los propietarios, rondan los 1,3 millones de euros. Monge denuncia que a lo largo de varias legislaturas municipales, gobiernos de distinto signo político, tanto socialista como popular, desviaron las cantidades aportadas. Destaca que sobre todo la gente mayor está muy desmoralizada por ver en qué situación se halla unas casas a las que dedicaron sus ahorros.
Las consecuencias del asunto son de calado, pues, por ejemplo, imposibilita cualquier venta, pues nadie quiere hacerse cargo de una propiedad con cargas. Una de las grandes bazas que tienen a su favor los damnificados es una sentencia emitida en Jaén. Según Monge, a instancias del Ayuntamiento, el grupo de propietarios denunció a la Junta para pedir la nulidad de las hipotecas. Sin embargo, este fallo favorable está recurrido por la administración autonómica. En paralelo, también se han recogido firmas, alrededor de un millar según los afectados.
La cuestión llegó, hace unas fechas, al Parlamento de Andalucía. La popular Amelia Palacios interpeló al consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López. Cifró en 1,5 millones la deuda y esgrimió la resolución judicial del pasado 15 de enero. Le preguntó qué legitimidad tiene la Junta para mantener la hipoteca a unos dueños que se encuentran “atrapados” después de haber pagado las cantidades comprometidas.
López contestó que, en los años 80 el Ayuntamiento pidió un crédito al Instituto Nacional de la Vivienda un préstamo, con cantidades pendientes de pago actualmente por más de 1,3 millones. Dijo que no pueden condonarse los adeudos y que se busca una solución con el Ayuntamiento. Elogió al actual alcalde, el socialista Iván Cruz —de él dijo que se lo ha tomado en serio, y recriminó al PP que mientras estuvo al frente del equipo de Gobierno poceño no movió “ni un dedo” para arreglar el problema con un acuerdo que pueda digerir un municipio de unos 5.000 habitantes.
Iván Cruz es claro en relación con el asunto. “Entendemos que es de justicia que, de una vez, tengan las viviendas libres de cargas y a su nombre”. El alcalde destaca que las casas ya han sido pagadas por los vecinos y reconoce que en legislaturas anteriores el Ayuntamiento hizo pocos pagos. Cruz, quien accedió al cargo en 2015, subraya que lo principal es solucionar este problema. Su idea es que la administración local poceña pague el principal, con un importe de 416.000 euros, con lo que los inmuebles quedarían liberados. La cantidad restante, superior a 800.000 euros se abonaría a la Junta de Andalucía a largo plazo. El político socialista remarca que su equipo de Gobierno lleva tiempo de negociaciones con la administración autonómica para levantar las hipoteca con el compromiso de pago. Sin embargo admite que no es algo que pueda resolverse de inmediato, pues son necesarios informes de Hacienda y sobre patrimonio, y que el préstamo suscrito no puede condonarse. Igualmente pone el foco en que cualquier solución debe ser compatible con la situación y las posibilidades económicas del Ayuntamiento poceño. Su interés es que la salida satisfactoria se consiga en el menor tiempo posible.