Carpetazo de la Justicia por los sondeos de El Maguillo

Hasta la Audiencia Nacional llegó un asunto que ha generado, a lo largo de más de una década, ríos de tinta. El fondo de la cuestión es que la Administración autorizó la extracción de agua para regar olivos con agua del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Entraron en escena los ecologistas y luego la Unión Europea, de modo que primero se redujo el caudal y luego se revocó el permiso. Los agricultores perjudicados, agrupados en la comunidad, pretendía que se les resarciera los abultados gastos, calculados en 1,26 millones de euros.

Pues bien, la Justicia no solo rechaza tal pretensión, sino que además condena a los regantes a pagar las costas del contencioso, en el que aparece como demandado el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En 2014 la comunidad pidió la compensación y en el pleito pretendía recuperar el dinero ante el supuesto silencio administrativo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Como detalla el tribunal, la comunidad imputa la responsabilidad patrimonial de la Administración al hecho de haberse otorgado la concesión de aprovechamiento de aguas mediante resolución de 10 de septiembre de 2007 que, en su opinión, se dictó de modo irregular, con incumplimiento de las prescripciones legales y, por otra parte, al hecho de limitar primero parcialmente —en marzo de 2013— luego totalmente —en noviembre de ese año— el uso de la concesión, por lo que estima que había sufrido “un perjuicio de enorme entidad”. El veredicto concluye que no está acreditado que el daño económico reclamado derive directa ni indirectamente de acción u omisión alguna imputable a la Administración General del Estado.

Desde la comunidad de regantes, el secretario, Manuel Martínez, anuncia que no se recurrirá, de manera que en breve la sentencia será firme. Martínez tacha de “lamentable” que los comuneros “se hayan gastado tanto dinero para nada”. “Para eso que no hubieran dado la concesión. Hay responsabilidad por dar la concesión y luego quitarla”, manifiesta el responsable, que forma parte del equipo directivo que se incorporó tras el “palo” de 2013.

La demanda se presentó, en 2015, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que, en 2018, la derivó a la Audiencia Nacional. El pleito es el último acto de una dilatada cronología. El origen se remonta a 2003, cuando se solicitó la concesión. En 2007 se otorgó el uso de hasta 450 millones de litros al año. Se hicieron las obras y en 2013, la Confederación rebajó la cantidad a 105,9 millones anuales. Ese mismo año se prohibió la extracción y empezó a estudiarse la extinción por no respetarse la sostenibilidad. Además, la Comisión daba un tirón de orejas a España y certificaba la vulneración de directivas europeas.