Autónomos luchan para no devolver subvenciones a IDEA
Una plataforma reclama que se anulen las peticiones de reintegro y los embargos
La Plataforma de Afectados por la Subvención es un colectivo que agrupa a personas que solicitaron ayudas del “ticket de autónomos” y al emprendedor concedidas por la agencia IDEA, dependiente de la Junta, con cargo al Fondo Social Europeo. El problema radica en que, por supuestas irregularidades, ahora la administración exige el reintegro con intereses, lo que hace que las cantidades, que en principio no solían superar los 9.000 euros, resulten actualmente muy abultadas, aparte de embargos. Existe malestar por las supuestas presiones de la Junta hacia el colectivo y se espera que la sentencia de los ERE siente jurisprudencia en el asunto.
El colectivo, que representa a una treintena de los damnificados —miles según la plataforma en Jaén y en toda Andalucía—, presentó recientemente un recurso extraordinario de revisión. El documento insta a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a entregar una copia íntegra de todos los expedientes de los miembros de la entidad de perjudicados, declarar nulas las resoluciones a consecuencia de las notificaciones erróneas y por la “mala fe” de la Agencia IDEA, devolver las cantidades embargadas, adoptar medidas cautelares de suspensión de la sanción, encargar una auditoría externa que clarifique las cuentas del organismo y comunicar a la Comisión Europea sobre las subvenciones rechazadas, así como informar de si ese dinero se reembolsa otra vez al organismo comunitario, “ya que se debería haber utilizado para los autónomos”.
La máxima responsable de la plataforma, la granadina Ana Martín, asevera que hay múltiples irregularidades en el proceso de tramitación de las ayudas. También considera abusivo que se apliquen intereses del 25%. “Eso no lo hace ni un banco”, señala Martín que contrapone las órdenes de reintegro con el “descontrol” de los cursos de formación y las “prescripción de casos millonarios”. Igualmente reivindica que se les conceda el derecho de revisión. La granadina manifiesta que este tipo de ayudas se instauró durante el mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y que eran ofrecidas, sin solicitud previa, por parte de los responsables de programas públicos como Andalucía Orienta.
La plataforma se muestra muy activa a través de las redes sociales. El asunto ya ha sido llevado hasta el Parlamento de Andalucía donde, de acuerdo con Ana Martín, la causa del colectivo al que representa cuenta con el respaldo de Izquierda Unida, Podemos, el Partido Popular y Ciudadanos. Ya se han producido movilizaciones, concretamente protestas antes las desde de la Agencia IDEA en Sevilla y Granada y se prepara otra en Málaga, la tercera provincia más afectada junto con las anteriores. En el caso de Jaén también habrá una manifestación, aunque la fecha está por concretar. Desde el colectivo se espera que en septiembre la Junta contesta a su reclamación colectiva. En caso contrario prevé recurrir a medidas judiciales.
Dos vecinos de Villanueva del Arzobispo, Mariló Carrillo y su marido, se encuentran entre los afectados adheridos a la plataforma. Según su testimonio todo empezó en 2007 cuando accedió a una subvención del “ticket de autónomo” para llevar con su esposo una peluquería.
La villanovense asegura que al cabo de más de cinco años recibió una carta en la que le comunicaba un supuesto incumplimiento en las condiciones por las que se le concedieron la ayuda. Añade que ahí comenzó un “calvario” de trámites para conseguir la documentación que se le solicitaba desde la administración pública.
Relata que por una cantidad de 6.000 euros, que, según ella, se quedaron en 4.200, después de la declaración de la Renta, se le reclamó, en un principio la devolución de 8.000 y, en un segundo requerimiento, en más de 10.000. De acuerdo con sus últimos cálculos la suma acumulada a causa de los intereses de demora “abusivos” generados se halla actualmente por encima de 12.000 euros, es decir, más del doble de la suma que le dieron para hacerse autónoma.
Carrillo señala que sus problemas han ido más allá, pues en septiembre de 2017 comprobó que tenía la cuenta embargada, algo que le ha resultado muy difícil de solucionar. Ahora dice que un embargo amenaza su local. Para colmo asegura que, “lo más gracioso” es que con la notificación referente al establecimiento le llegaron adjuntos los datos de otro particular del municipio de Villanueva del Arzobispo. “Lo peor es que no nos dan facilidades de ningún tipo. A nosotros, por ejemplo, no exigen que paguemos en cuotas de ochocientos euros mensuales, algo que, con dos hijos pequeños no podemos hacer”, indica, antes de decir: “Ha sido un suplicio de médicos, ataques de ansiedad y depresión de mi marido”.