España tiene una deuda con Andújar, con Jaén y con Andalucía. A cuarenta años del cierre de la fábrica de uranio
Teresa Rodríguez, diputada del Parlamento de Andalucía.
Ayer celebramos los cuarenta años del cierre de la fábrica de concentrados de uranio de Andújar después de veintidós años de actividad y absoluta inseguridad. Un 70% de sus trabajadores y trabajadoras murieron de cáncer así como un número importante de sus vecinos, vecinas y familiares. Hace veintisiete años que se decidió enterrar el 1.200.000 toneladas de basura nuclear de la fábrica bajo un montículo de tierra.
A Andalucía no han llegado en muchos casos las grandes centrales de producción energética pero nos especializaron en la parte de la producción industrial más peligrosa y con menos valor añadido. Extraer materia prima y enterrar basura tóxica, nuclear y otros residuos peligrosos del resto de España, de Europa y del mundo. Es la historia del cementerio nuclear de El Cabril en Hornachuelos, del vertedero de Bolaños en Jerez o del vertedero de Nerva. O, cómo olvidar, los 100 millones de toneladas de residuos tóxicos, algunos radioactivos a 500 metros de las primeras viviendas de Huelva. So- mos la comunidad autónoma con más vertederos de residuos peligrosos oficiales y asumimos de esta manera los costes del desarrollo industrial de otras zonas de España.
Andújar extraía y preparaba, sin medidas de seguridad, concentrado de uranio y lo mandaba a las centrales nucleares de Zorita y Garoña. La fábrica funcionó del 59 al 81 y a cuarenta años de su cierre, no sólo no se ha procedido al traslado de los restos ni a la inversión necesaria para paliar el efecto sobre la actividad económica local, comarcal y provincial, tal como se hace en otros desmantelamientos de instalaciones radiactivas, sino que ni siquiera está previsto hacerlo a corto plazo, a pesar de que Enresa (la Empresa Nacional de gestión de Residuos Radiactivos) tiene la titularidad y el encargo de su desmantelamiento desde hace ya treinta años (Orden 1 de febrero de 1991). Se ha decidido que el montículo es seguro... Los trabajos parciales de desmantelamiento y sellado de residuos se llevaron a cabo entre 1991 y 1995, con resultado de muchos trabajadores afectados, aunque no ha sido hasta 2017 que la Seguridad Social les reconoció como enfermedad laboral el cáncer sufrido por la cuarta parte de los trabajadores implicados. Tras las actuaciones de desmantelamiento de la fábrica y cierre y sellado de las minas de uranio de Cardeña, en la provincia de Córdoba, y del Cerro del Cabezo, en 1995 se inicia el “período de cumplimiento” para vigilar que los parámetros previstos de seguridad se cumplen. Tras dicho período, en 2005, y al no cumplirse las previsiones, se prorroga el “período de cumplimiento” (o mas bien de incumplimiento) ya que la contaminación radiactiva de las aguas subterráneas por filtración aún es superior a los límites marcados por la norma técnica, de hecho, lejos desaparecer, la contaminación del agua aumenta y en 2018 se supera casi veinticinco veces el nivel objetivo de contaminación radiactiva de las aguas. También se detectan aumentos y fluctuaciones de radiactividad por radio y por plomo en algunos pozos de control, además de otros elementos químicos contaminantes no radiactivos.
Cuarenta años después del cierre de las instalaciones, ni los afectados directos, ni el conjunto de los y las iliturgitanas, ni la localidad ni la comarca ni la provincia han sido resarcidos del daño que les hicieron y les siguen infligiendo a día de hoy. No es de extrañar que la provincia de Jaén sea en estos días y de un tiempo a esta parte un hervidero de movilizaciones sociales, porque ha sido lamentablemente durante décadas un contraejemplo de desarrollo sostenible y socialmente justo. Ojalá algún 13 de marzo podamos celebrar el día de la verdad, la justicia y la reparación para el pueblo de Andújar y su comarca.