Nuevo palo para propietarios de la urbanización El Ferial

Un revés en toda regla. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcalá determinó que los parcelistas de la unidad denominada El Ferial debían pagar por los trabajos encargados a los arquitectos Juan Carlos Sánchez-Cañete y Juan Francisco Almazán para el desarrollo urbanístico de la zona. Ante el veredicto, la mayor parte de los afectados aceptó entregar el dinero. Quienes se negaron recurrieron a la Audiencia de Jaén. Esta acaba de dictar otra resolución que ratifica por completo la emitida por la magistrada Cristina Luis en 2018. No solo eso, además impone las costas a los apelantes y la pérdida de depósitos constituidos.

El tribunal rechaza todas las alegaciones planteadas por los cuatro recurrentes, que esgrimían supuestas irregularidades en el proceso. La resolución todavía no es firme, pues puede recurrirse. La Audiencia corrobora la obligación de abonar los honorarios reclamados, lo que da lugar a unas cantidades muy abultadas. A José L. R. le impone unos 16.000 euros. A Francisco D. C. M., más de 8.000. En el caso del promotor Antonio Molina Fernández, el más damnificado, la suma rebasa los 50.000. Por último, a una mercantil del sector inmobiliario y de construcción le endosa unos 6.200. La cifra es mayor porque, en los cuatro casos, ha de agregarse el IVA y el interés legal devengado desde el día 3 de noviembre del año 2011.

reacción. Antonio Molina expresa su rotunda oposición a la resolución judicial. Manifiesta a Diario JAÉN: “Al final, el contenido de la sentencia dictado por el tribunal ha prevalecido sobre el sentido común y, al menos en Jaén, si un ciudadano encarga un proyecto de una obra a un técnico solicitando previamente presupuesto, pero el técnico hace caso omiso a la petición de presupuesto y sigue haciendo el proyecto, al final, podrá exigirle los honorarios que considere oportunos incluso multiplicados por siete de los habituales y dicho tribunal le dará la razón incluso aunque dicho proyecto no se ejecute, por este motivo estoy estudiando la presentación de recurso de casación”.

La sentencia es la puntilla para los planes de urbanizar una zona muy apetecible situada entre el ferial y la cornisa de Los Cipreses. El proceso se remonta a años atrás y estuvo lleno de vicisitudes. La primera sentencia establecía el pago, por el conjunto de parcelistas, a los dos arquitectos de 116.214 euros, más IVA e intereses. Este dictamen llegó tras retrasos prolongados y aplazamientos de la vista, incluida una paralización en 2013 a raíz de la denuncia por la supuesta falsificación de una firma, acusación que luego quedó desacreditada. Se evidencia la incapacidad para materializar la urbanización en el “boom inmobiliario”. Primero se encargó a Sán- chez-Cañete un plan parcial, entregado en 2007 y no aprobado por el Ayuntamiento. En 2008, ya con Almazán, se hizo un segundo plan, con aprobación inicial, pero no final al desistir los parcelistas. Estos contrataron a otro arquitecto, Antonio Aguayo Pérez, quien empezó un tercer plan, tampoco desarrollado a causa de la crisis.