Nuevo “enganchón” a cuenta de las mascarillas intervenidas
El Gobierno dice que no había marcado CE y la Junta le pide “que no invente”
Dos meses y medio después no cesa la polémica política por las 150.000 mascarillas intervenidas por la Guardia Civil en Alcalá la Real. En respuesta a una pregunta de la diputada de Junts per Catalunya Miriam Nogueras, el Gobierno contesta que el material carecía del marcado CE y todo ocurrió cuando la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) tuvo conocimiento de que la fábrica carecía “de la preceptiva licencia de fabricación de productos sanitarios”.
Según revela Europa Press, en la contestación el Ejecutivo asegura que la empresa llevaba semanas con la práctica totalidad de su producción dedicada al Servicio Andaluz de Salud. La versión gubernamental añade que la Aemps, “de acuerdo con sus competencias, solicitó a la comunidad autónoma de Andalucía que llevase a cabo una inspección de las instalaciones de fabricación de la empresa”. Según la respuesta a Nogueras, el 16 de marzo intervino la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios de la Delegación Territorial de Jaén y, “de acuerdo con el acta” se tomaron muestras de las mascarillas fabricadas por la empresa que carecían del marcado CE. Se agrega que 150.000 mascarillas quedaron bajo la custodia de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, cuyos agentes se personaron en las instalaciones.
La Junta, cuyo presidente, Juanma Moreno, visitó la factoría hace unas semanas en señal de apoyo, insta al Gobierno central a que “no reescriba el pasado ni se invente hechos nuevos”. La Administración autonómica subraya que la nota de prensa que el Instituto Armado emitió el día de la incautación sostiene claramente que la intervención fue decretada por la autoridad sanitaria competente, es decir, el Mando Único y que las mascarillas iban a ser destinadas para el Hospital Infanta Sofía de Madrid. Por tanto, la Junta ve imposible “creer lo que arman ahora de que se incautaron porque no estaban marcadas CE”. Considera que “además de la falsedad” está la “incoherencia” que supone aludir a ello en el momento presente cuando el propio Ejecutivo de España publicó en el Boletín Oficial del Estado una resolución por la que se dispensaba de la obligatoriedad del marcado CE ante la avalancha de demanda de mascarillas quirúrgicas.
La controversia por la intervención de las 150.000 mascarillas justo cuando la pandemia explotaba surgió desde el primer momento. El alcalde, el popular Marino Aguilera, criticó duramente, horas después de los hechos, la forma de obrar del Gobierno de Pedro Sánchez al llevarse de la comunidad andaluza una cantidad tan considerable de mascarillas. En un pleno posterior Aguilera relacionaba con el asunto un mensaje de Facebook escrito por el líder local del PSOE, Carlos Hinojosa, que negó rotundamente que su texto se refiriera a la empresa.
