La “hucha” del Ayuntamiento engorda hasta 10,1 millones

Día de novedades. La crisis del coronavirus hizo que el Ayuntamiento celebrara, por primera vez, plenos telemáticos, con todos los ediles —salvo el alcalde, Marino Aguilera, que estaba en su despacho— conectados desde casa. Fueron numerosas las incidencias técnicas, con mala calidad de sonido e incluso interrupciones de la señal. Tras una primera sesión extraordinaria hubo otra monográfica en torno al covid-19, celebrada a petición del PSOE.

La economía marcó el primer pleno, en el que tomó posesión como concejal socialista José Antonio Bermúdez, que vuelve a la Corporación, y se despidió, con palabras de agradecimiento, su compañera Eva Bermúdez, quien presentó su renuncia días atrás.

Uno de los puntos versaba sobre la liquidación de las cuentas municipales de 2019, lo que permitió hacer una radiografía de la solvente situación de las finanzas locales. Los datos son elocuentes, el remanente local ya se sitúa en 10,1 millones de euros. No obstante, de esa “hucha”, 2,4 millones son de exceso de financiación afectada y 517.153 de saldos de dudoso cobro. Eso hace que el remanente de tesorería para gastos generales se quede en 7,1 millones. El año pasado, el superávit presupuestario fue de 2,8 millones —suma que puede emplearse en inversiones sostenibles—. La deuda viva se cifra, según los datos ofrecidos, en 1,9 millones.

El remanente, el superávit —en los dos primeros casos a expensas de que el Gobierno central autorice su uso para ello—, el ahorro por actividades no celebradas como Etnosur y las transferencias que llegarán de otras administraciones como la Diputación otorgan al Ayuntamiento una posición ventajosa para desembolsos extras como los que harán falta con motivo de la crisis social.

Como aspecto curioso, en el pleno volvió a aprobarse el presupuesto para 2020 —que ya se llevó a pleno antes del estado de alarma—. El motivo era la alegación presentada por parte de CSIF. El propio alcalde admitió que las cuentas para el presente año han quedado obsoletas ante las necesidades por la irrupción de la crisis del coronavirus, ausente cuando se hicieron los números.

En el punto dedicado a rectificar errores materiales sobre la valoración de puestos de trabajo, la socialista Cecilia Alameda denunció las “graves irregularidades” apreciadas por su grupo y los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF. Dio a entender que el asunto se llevará a la Justicia. La edil de Recursos Humanos, Inmaculada Mudarra, acusó a la socialista de “seguir con la linde”.