Alcalá la Real y la entidad de Mures fuman la pipa de la paz

El cambio político en Alcalá la Real ya se nota en un aspecto muy concreto. Después de casi una década de constantes conflictos, que comenzaron en 2010 cuando el entonces presidente de la entidad de Mures interpuso un contencioso para pedir más financiación, el entendimiento se abre paso. El teniente de alcalde y concejal de Aldeas, Ángel Montoro, y la máxima responsable mureña, Francisca López, “Paquitina”, se reunieron en el Edificio Joven, inmueble en el que tienen su despacho los dos ediles de Ciudadanos. El encuentro al que también asistió la responsable de Juventud, Deportes y Educación, Paloma Moyano, fue cordial y permitió desbloquear la situación.

¿Cuál es el nuevo escenario? El desistimiento de las acciones judiciales en marcha. Paquitina anunció que retiraba el pleito en marcha por la titularidad del centro social. Ambas partes quedan emplazadas para el próximo mes, cuando comenzarán negociaciones sobre el asunto del centro social y otras cuestiones relevantes, entre ellas la financiación y el estado del campo de fútbol y de sus vestuarios. La hoja de ruta de contactos se articularán a través de una comisión mixta de trabajo.

El conflicto entre las dos partes se recrudeció a partir de 2011, cuando Paquitina, de Izquierda Unida, se convirtió en presidenta, cargo en el que comenzó en junio su tercera legislatura. En este tiempo se han sucedido litigios para reclamar por vía judicial más dinero para Mures —todos ganados por el Ayuntamiento—. Ya con Carlos Hinojosa, del PSOE, en el poder municipal alcalaíno, las desavenencias se incrementaron. El punto culminante llegó en agosto de 2017, en plenas fiestas de San Roque. En vísperas de la celebración, la entidad presentó ante la Fiscalía una denuncia penal —luego archivada— en la que acusaba a Hinojosa de prevaricación y otros delitos por permitir que el centro social colocara mesas y sillas en el parque. El día grande de San Roque, al estar cerrado el centro social y no haber servicios fijos, Paquitina llamó a un cerrajero para que sustituyera la cerradura del bajo, donde hay unos urinarios. Esa circunstancia valió que el Ayuntamiento enviara a la Policía Local para precintar la puerta, que cambió varias veces de cerradura en esas fechas. Además, las autoridades de Alcalá pusieron la conducta de la presidenta mureña en conocimiento de la Guardia Civil, que también se personó en el lugar ante este tira y afloja.

Posteriormente, comenzaron los pleitos por la titularidad del centro social y otros bienes. La entidad ganó un primer asalto al reconocer la Justicia que era la propietaria del parque y del bajo del centro social. No obstante, Mures persistía en su empeño de que los tribunales determinaran que el conjunto del mencionado edificio le pertenece. Ahora, ambas partes fuman la pipa de la paz.