Acude a la Justicia para que le dejen sacarse el carné del coche

Una vecina de Torredelcampo recurre al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una sentencia que le niega a su hijo, Joaquín, con síndrome de Asperger, la posibilidad de presentarse a las pruebas para obtener el carné de conducir por sus “problemas de comunicación” y porque, según un informe médico avalado por la Jefatura Provincial de Tráfico, “no sabe responder ante situaciones de conflicto”. En el texto de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Jaén, del pasado 30 de diciembre a la que tuvo acceso este periódico, “se pone en duda” no que el torrecampeño pueda conducir, sino que “por sí solo tenga la habilidad para desenvolverse con normalidad ante las variadas situaciones que pueden surgir en la circulación del tráfico rodado, lo que puede comprometer la seguridad de la circulación”.

Para la madre del afectado, Antonia Moreno, esos argumentos “no tienen pies ni cabeza”, y cuestiona que se pueda emitir ese diagnóstico “en diez minutos”, que es, según asegura, el tiempo que los médicos de la Delegación de Salud emplearon para examinar a Joaquín. “Los que deciden si tiene o no capacidad para conducir son los técnicos de autoescuelas que valoran su capacidad para afrontar la conducción segura y responsable”, añade a este periódico.

Según consta en la sentencia, el subjefe provincial de Tráfico y el médico evaluador de la Delegación de Salud examinaron al joven, que lleva yendo al psicólogo desde niño. Al tener dudas sobre el diagnóstico, lo derivaron a la Delegación Salud, donde lo examinó el médico jefe del Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial, que fue el que lo declaró “no apto”. “No mantuvo contacto ocular con él, su estado era apático, tiene falta de atención”, dice la sentencia. La familia interpuso un recurso de alzada, aunque la Dirección General de Tráfico (DGT) emitió una resolución desestimatoria contra la que la parte afectada respondió, esta vez, con un recurso contencioso-administrativo que sí se admitió a trámite. A favor de Joaquín declararon una psicóloga, el médico del psicotécnico y el psicólogo del centro de inteligencia emocional Emoe que lo lleva tratando desde niño, pero el juez consideró que prevalecía el criterio de los médicos de la Administración. En la sentencia, el magistrado explica que durante la conducción “nos podemos encontrar ante múltiples situaciones —un accidente, una avería, un control policial...— para las que poder comunicarse es esencial”, y que todo ello “exige disponer de una facilidad de comunicación de la que el actor carece”.

Sin embargo, la familia de Joaquín no está dispuesta a dar por perdida esta batalla legal, y por ello interpuso un recurso de apelación, que habrá de ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del TSJA. A la espera de una solución, Joaquín sigue centrado en sus estudios de FP en la rama de informática. Sus notas son buenas, pero para completar su formación tendrá que hacer prácticas en una empresa y necesitará el carné de conducir para desplazarse.

La cuestión que surge, por tanto, está clara: ¿actúa bien la Administración siendo precavida ante los riesgos percibidos por los médicos o está privando a Joaquín de la posibilidad de integrarse en la vida social y el mercado laboral de forma plena?