21 millones para contratar agricultores en ayuntamientos

Mantener la actividad agraria y garantizar la renta de los agricultores. Estos son dos de los objetivos del programa de Fomento del Empleo Agrario, impulsado por el Ministerio de Trabajo del Gobierno.

Esta iniciativa contempla una redistribución de casi 236 millones de euros en siete comunidades autónomas y entre las que figura la comunidad andaluza. De dicho importe global, la provincia percibirá cerca de 21 millones (20.926974,47 euros). Esta acción permitirá contratar a unos 200.000 agricultores, entre esas regionales, una vez finalicen las campañas agrícolas y desempeñarán aquellas tareas básicas que consideren los consistorios.

El acuerdo de reparto de estos fondos anuales fue alcanzado en una mesa de diálogo en la que participaron, además de los responsables del SEPE, los representantes de las organizaciones agrarias COAG y Asaja y de los sindicatos UGT y CC OO. Además de la comunidad andaluza, las otras regiones beneficiadas son Extremadura, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Castilla La Mancha, así como las provincias de Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora en Castilla y León.

Estos fondos ministeriales son vitales para la recuperación de los municipios una vez se haya superado la crisis sanitaria. También son una medida vertebradora porque contribuyen a fijar la población en zonas económicamente más desfavorecidas y evitar así la despoblación. El programa de Fomento del Empleo Agrario también contribuye a mantener la renta de los agricultores y a que puedan cotizar para obtener prestaciones en el futuro.

Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se asegura que esta medida pretende realzar el valor el sector agrícola que, según la propia institución, se ha mostrado solidario, responsable y estratégico para la sociedad en un momento excepcionalmente delicado como es la crisis sanitaria del covid-19. Esta solidaridad se ha podido comprobar de primera mano en prácticamente los 97 municipios de la provincia jiennense a lo largo de las tres semanas, hasta ahora, de duración del estado de alarma. Muchos agricultores han puesto al servicio de los consistorios sus tractores y herramientas agrarias para potenciar la desinfección de las calles y espacios públicos que podían ser posibles focos de contagio por la gran concentración de personas. Con esta medida también se busca potenciar la recuperación de las arcas públicas en las entidades municipales, cuyo estado puede verse seriamente afectado, sobre todo, una vez que se supere esta crisis sanitaria. Los trabajadores del campo ven con expectativa y esperanza un nuevo incentivo para favorecer la actividad económica de las zonas más desfavorecidas, sobe todo aquellas en las que la despoblación es un problema acrecentado en los últimos años.