Una mujer exige su derecho a contar con una vivienda digna

La Ley del Derecho a la Vivienda está en vigor en Andalucía desde 2010. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, hay personas que no se benefician de ella. Esa normativa es la que invoca Inés Ibáñez, una alcalaína de 53 años que vive, desde hace meses, en un diminuto inmueble de alquiler situado en la parte inferior de la calle del Puerto. Reside “acoplada” junto con uno de sus hijos, Jonathan Luque, y la pareja de este, Leire Mazuela. Las dimensiones de la casa son tan reducidas que Inés Ibáñez tiene que dormir en un sofá. “Esto no es vida. Ellos necesitan su propia intimidad. Pido ayuda porque la necesito”, dice.

La mujer asegura que, desde hace tiempo, intenta encontrar soluciones en los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Sin embargo, manifiesta que, hasta ahora, no lo ha conseguido, ya que —sostiene— le ponen la “excusa” de que no está empadronada en Alcalá. Ella indica que carece totalmente de ingresos, pero estaría dispuesta a pagar el arrendamiento de un piso o una casa acorde con sus posibilidades. En paralelo, intenta lograr un trabajo que la haga autosuficiente.

Inés Ibáñez indica que las necesidades la han acompañado durante buena parte de su existencia. Después de criar a tres hijos, señala que se dedicó a cuidar a sus padres hasta que fallecieron. Luego, el domicilio de los Pisos Verdes, donde estaba con ellos, fue vendido por los hermanos. Emigró a la isla balear de Formentera, donde se empadronó, pero añade que a causa del perjuicio de la humedad para su enfermedad en los huesos tuvo que volver. “Ahora no tengo dónde empadronarme en Alcalá”, explica.

Inés Ibáñez asevera que está dispuesta a llegar “hasta donde haga falta” con tal de defender su derecho a una vivienda digna. Por ello, prevé apelar a la Junta de Andalucía. En cuanto a la cuestión laboral, refiere que pese a su dolencia es apta para el trabajo y sabe cuidar a mayores.

Preguntada por la situación de Inés Ibáñez, la concejal de Servicios Sociales, Igualdad y Salud, María José Aceituno, expone: “Es un caso de intervención de los Servicios Sociales. Está recibiendo la atención profesional requerida, como el resto de personas usuarias de los Servicios Sociales. Y, en el caso de la vivienda, de acuerdo con la ordenanza municipal, está recibiendo la atención profesional que necesita en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Otro tipo de datos no pueden hacerse públicos”.