“No habrá paz en Colombia si el Estado no admite lo que hizo”

Colombia, 50. Como una paradoja de la vida, en esta cafetería de Jaén, a más de ocho mil kilómetros del valle colombiano del Cauca que la vio nacer, crecer, ser feliz y también sufrir, Alfamir Castillo tomó su primer helado en España, en la relativa libertad que permite el exilio político. De aquello hace casi un año. Ya no mira “a todos lados”, presa del miedo a que la estén siguiendo para matarla. Acogida al programa de protección de Amnistía Internacional, en estos doce meses, Alfamir Castillo ha “gozado” junto con su esposo, Humberto Sánchez, de esa vida “normal” y “tranquila” que les arrebataron un 8 de febrero de 2008, cuando “el Ejército colombiano” —acusa, enérgica— asesinó a su hijo, Darbey Mosquera Castillo, dentro de la operación Fénix, y lo presentó como a un “guerrillero” cuando “era mentira”, aclara con la misma rotundidad. Solo era un joven de veinte años que llevaba “dos semanas parado” y que se marchó al Eje Cafetero, confiado en un empleo como instalador de gas, en la ciudad de Manizales. En lugar de eso encontró una “muerte violenta” por la que aún se juzga a altos mandos militares y siete fueron condenados a penas de hasta cuarenta y siete años. Después de “jugar al tiro de gracia” con su hijo y con otro muchacho, Álex Ramírez, y de torturarlos, el Ejército los presentó como “NN pertenecientes a bandas criminales al servicio del narcotráfico”. Aseguró haberles decomisado dos pistolas, una escopeta y varios proveedores. Pero, en esa “mentira fabricada”, no controlaron todo. Junto con Darbey y a Álex, había un tercer joven, José Didier. Y sobrevivió. “Al soldado se le trabó el arma al disparar y escapó”, indica. Así descubrieron una verdad que, luego, confirmó un soldado profesional, primo de Darbey.

“Fue muy duro”, reflexiona ante un granizado de café en Colombia, 50. Cuando aquello sucedió, Humberto acababa de salir de una clínica, tras el accidente laboral por el que hoy camina con muleta. Quien estaba al frente de la familia era ella. Y, “como madre”, con la fortaleza que lleva en el apellido, esta Venus de Willendorf, de piel prieta y sonrisa ancha, cogió un megáfono y, de pueblo en pueblo, fue gritando la verdad. Denunció que su hijo y Álex eran “falsos positivos”.

“En el tiempo en el que Álvaro Uribe fue presidente —explica Humberto— prometió que acabaría con la guerrilla. Por cada guerrillero que se matara, ofreció a los soldados tres millones de pesos (unos mil euros al cambio). Como no los iban a encontrar a la vuelta de la esquina, cogieron muchachos, estudiantes e incapacitados de clase baja”. Los altos mandos implicados en la muerte de Darbey, el teniente Juan Esteban Muñoz Montoya y el general Jorge Enrique Navarrete, “están ganando mucho más dinero y son reconocidos nacional e internacionalmente por una farsa”, subraya Alfamir. “Pero en Colombia, si dices lo que no debes, eres atacado”, lamenta.

Y llegaron las coacciones. La situación desmembró su familia. La casa se convirtió en una cárcel. Y, hace un año, fue la huida. El soldado, Alonso Palacios, que “reclutó” a su hijo y fue condenado por lo ocurrido, se escapó de la base militar que, supuestamente, les sirve de cárcel. “Hay un gran león suelto, dispuesto a matar”, decían las amenazas. Y, forzosamente, Alfamir y Humberto dejaron una Colombia a la que regresa mañana, aunque su abogado les haya aconsejado que no. “Se está llamando ahorita” a declarar a los altos mandos implicados en la muerte de su hijo. Saben que les espera “un futuro incierto”. Pero la llamada de la sangre puede más. Regresan por sus hijas.

¿Confían en el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC? “Es un avance pero, mientras no haya equidad, no se logrará —sentencia Alfamir—. No es justicia que un militar que reconoce que asesinó a tantas personas sea condenado a cuarenta y siete años, salga en ocho y haga labores sociales en el municipio donde cometió los crímenes”. La reparación que persiguen las víctimas pasa por que el Ejército, “encabezado por Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos”, admitan lo que ocurrió en 2008. “Se trata de limpiar nuestro nombre y, sobre todo, el de nuestros hijos, esposos o familiares asesinados”, reivindica Alfamir. “Mientras el Estado colombiano —concluye Humberto— no reconozca lo que ha hecho, no habrá paz”.