“Los Puentes” no se fía de las palabras de la subdelegada

Exige, otra vez, una reunión urgente de la comisión de seguimiento del protocolo

26 jul 2017 / 12:01 H.

No hace ni dos semanas, la subdelegada del Gobierno en Jaén, Francisca Molina, aseguraba que, aunque el mapa de riesgos e inundación de Los Puentes “está plenamente terminado”, se está trabajando, “con cautela”, para “salvar el mayor número posible de viviendas” de Los Puentes que, por estar en los cauces de los ríos, no tendrían más futuro que la demolición. “Nos estamos dando un margen de tiempo y, quizá, en otoño, se pueda hacer público [el mapa de riesgos de inundación]”, respondió, el 14 de julio, a preguntas de los periodistas, recalcando, no obstante, que esta situación “no la ha generado el Gobierno de España”. Pero ese “margen” del que hablaba Molina “no convence” a los residentes.

La Unidad de Gestión Vecinal no se fía. “Me da la impresión que quieren darnos largas”, reflexiona su presidente, Alberto Castro, más convencido que nunca de este propósito de la Subdelegación, tras la reunión que mantuvo, el viernes, con el parlamentario autonómico del PSOE, Julio Millán; el portavoz municipal socialista, Manuel Fernández Palomino, y el senador Pío Zelaya. “El mapa de riesgos está totalmente aprobado. No hay margen de maniobra, ni nada”, resume Castro. Por este motivo, la Unidad de Gestión ha remitido un nuevo escrito a la Subdelegación pidiendo a Molina la reunión “urgente”, antes de agosto, si es posible, de la mesa de seguimiento del protocolo que las administraciones suscribieron en 2006. “Queremos que nos enseñen y expliquen el mapa de riesgos, porque no sabemos nada; ver cómo ha quedado el dominio público hidráulico y las viviendas afectadas”, reivindica el dirigente vecinal. También en un comunicado, Millán exigió al alcalde, Javier Márquez, que “haga su trabajo de una vez y reclame al Gobierno que les enseñe ya a los vecinos de Los Puentes el mapa de riesgos sin más demora, ni más excusas, ni más subterfugios”. El socialista recordó que, ya en noviembre, la Unidad de Gestión pidió la convocatoria de la comisión de seguimiento del protocolo, y se quejó de que, 8 meses después, “no han recibido respuesta”. “Estamos ante una tomadura de pelo y un engaño permanente”, sintetizó.