Las condenadas por estafar a una anciana eluden la cárcel

Condenadas, pero se libran de la cárcel. Ese es el resumen del juicio contra tres mujeres, vecinas de Bailén, que ayer se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia por apoderarse de todos los bienes de la anciana a la que cuidaban. Las tres reconocieron que se ganaron la confianza de la mujer y se aprovecharon de que la víctima estaba impedida para saquear 24.000 euros de sus cuentas bancarias y conseguir que hiciera un testamento para nombrarlas herederas universales de todos sus bienes. Adela G. M., de 56 años, fue condenada a 21 meses de cárcel por delitos de falsedad documental y estafa, mientras que a sus dos compañeras de banquillo, María del Carmen M. L., de 57, y Trinidad R. R., de 53, les cayó un castigo de quince meses de prisión. Todas tendrán que hacer frente de manera conjunta a una indemnización de 24.000 euros. También se anula el testamento.

La sentencia se dictó “in voce” después del acuerdo alcanzado por las defensas de las procesadas con la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por los familiares de la anciana. “Es un buen acuerdo”, calificaron los abogados de las tres condenadas. Y es que hay que recordar que, inicialmente, el Ministerio Público solicitaba una condena de siete años de cárcel para cada una de las mujeres y cuantificaba en más de 185.000 euros la cantidad defraudada. A cambio del reconocimiento de los hechos, el castigo se redujo de forma notable.

Las mujeres se encargaban del cuidado personal de la anciana, ya que se encontraba encamada. Le hacían la comida, la limpieza de la casa y se encargaban de sus cuidados. Al menos desde 2008, se pusieron de acuerdo para apoderarse de sus bienes. “Poco a poco, se fueron ganando su confianza y captando su voluntad (...), hasta hacerse una persona totalmente dependiente de ellas, ya que no podía moverse, tenía dificultades auditivas y sufría una demencia senil progresiva, además de no saber leer y escribir”, describe la sentencia. En este sentido, lograron “alejar” a la anciana de su familia. A partir de ahí, una de las acusadas, Adela G. M., de 57 años, redactó un documento privado en septiembre de 2010, en el que hizo constar que la víctima la autorizaba para administrar su pensión y extraer las cantidades necesarias de la cuenta corriente para pagar gastos. Fue la propia procesada la que firmó en nombre de la anciana. Con ese documento, realizó todo tipo de transacciones. Ella y las otras dos acusadas se quedaron con 24.000 euros. Posteriormente, redactaron un testamento en nombre de la víctima, con los que eran declaradas como herederas universales de todos sus bienes. Una sobrina de la anciana fue la que presentó la denuncia que ahora ha acabado en condena.