La solución del agua del Puente de la Sierra vuelve a posponerse

La historia se repite en el Puente de la Sierra desde hace varios meses. Todo comenzó en junio cuando el empresario Rafael Alcántara cortó por primera vez el suministro de agua a esta barriada. Este ciudadano dejó claro, de este modo, que no estaba dispuesto a continuar con el “apaño” heredado de su padre que, merced a un acuerdo más que expirado ya con el Ayuntamiento, prestaba este servicio a esta parte de la población. Los problemas económicos que le genera asumir los costes para abastecer al núcleo de población y la inseguridad jurídica derivada de hacerlo conforme a un documento ya prescrito, le llevaron a tomar una decisión tajante. Tras varios tiras y aflojas, Alcántara, al obtener la promesa del Gobierno local de que se adoptaría una solución definitiva a esta anomalía, que implica que la Administración local recupere el servicio, volvió a dar agua. Las dos partes se dieron de plazo hasta el 1 de octubre y, al llegar a ese día, de nuevo, el particular cortó el grifo. El equipo de Gobierno volvió a pedirle que no lo hiciera y le emplazó para el jueves pasado, con la idea de plantear ya una salida definitiva. Esta fecha, de nuevo, no fue respetada. La nueva mesa de trabajo está prevista para la semana que viene, como confirman tanto fuentes municipales como Alcántara.

Mientras llega ese día, habrá agua, aunque la paciencia se acaba. La propia asociación de vecinos, Puensi, entiende que hay que buscar una fórmula que haga que no recaiga el peso de este servicio básico sobre esta familia. La entidad reclama a la Administración local que solucione políticamente el problema y que deje de ampararse en la situación de “alegalidad” que rodea este diseminado de la capital.

El acuerdo que dio origen a una situación que, finalmente, se ha transformado en un problema fue suscrito el 26 de abril de 2005, cuando el alcalde era el popular Miguel Sánchez de Alcázar. El vecino que lo rubricó fue Rafael Alcántara Martínez, padre del empresario hostelero, que se había quedado al frente de este servicio, y que decidió, el pasado 31 de mayo, que no podía continuar asumiendo esta labor, propia de los ayuntamientos y, en el caso de Jaén, de Aqualia, que es la compañía que tiene encomendada esta prestación. El acuerdo original era para dos años y fue prorrogado en noviembre de 2007, hace ya más de una década. En aquellos días, los responsables municipales se comprometieron a instar a los afectados por este problema con el abastecimiento a conectarse con la red general de agua, con la advertencia de que, si no se hacía, se procedería al corte, algo que no ha ocurrido. Tras el último intento de municipalizar el servicio, el equipo de Gobierno recordó que, antes de nada, es preciso que las viviendas se acojan al proceso de regularización que fue posible tras el decreto de la Junta de 2012 que creó la figura de “asimilado a fuera de ordenamiento”, conocida por sus siglas AFO. Además, tienen que asumir gastos como el enganche de la red a cada una de las viviendas del barrio.