La oposición dice “no” a otros 4,4 millones para pagar sentencias

En la tercera jornada de los Juegos Olímpicos de Río, a la misma hora (española, claro) en la que la selección española de baloncesto femenino caía ante Estados Unidos, y la pareja Herrera-Gavira mordía la arena frente a sus rivales cataríes en vóley-playa, a este lado del charco, en el “primer pleno” de la Corporación Municipal en un árido y desértico mes de agosto desde hace dos décadas, el PP vio frustrado su deseo de que el Ayuntamiento se adhiriera a la ampliación del Fondo de Ordenación habilitado por el Ejecutivo central para sacudirse otros 4,4 millones de euros en sentencias firmes.

Una oposición enérgica, rotunda en las recetas que cree necesarias para salvar al Ayuntamiento del proceloso océano de deudas en el que zozobra y recelosa del destino de ese dinero lo hizo imposible. Y eso a pesar de que el alcalde, Javier Márquez, y el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, advirtieron, machaconamente, que, de decir “no” a la “única posibilidad de pago” existente “ahora”, el Ayuntamiento tendría que recurrir a fondos propios para liquidar sentencias que se tienen que saldar “sí o sí” y “se dejarán de pagar otras cosas”.

“No son facturas, sino sentencias judiciales firmes”, aclaró Márquez al concejal no adscrito Iván Martínez cuando este planteó que, como ocurre con los reconocimientos extrajudiciales de crédito, se votara “una a una la inclusión de las facturas” en el listado de 24 sentencias que el equipo de Gobierno tenía la aspiración de elevar al Ministerio de Hacienda. “Aquí pasa como con el terrorismo. ¡Todos los musulmanes no son yihadistas!”. Con esta comparación, el edil no adscrito mostraba sus dudas sobre la polémica relación contractual que el Ayuntamiento mantuvo, entre 2012 y 2013, con la empresa zamorana Matinsreg, encargada del mantenimiento del alumbrado público, los semáforos y las fuentes, y las facturas que emitió en ese tiempo. Sin embargo, señaló el alcalde: “En 2014, el juzgado archivó la denuncia [del PSOE] y ¡son sentencias judiciales! Se podrán discutir, pero están juzgadas”.

Se diría que Márquez llevaba la antorcha de la Verdad en sus palabras. Remataba cada intervención como lo hubiera hecho la carismática Dolores Vargas, “La Terremoto”, cantando “achilipú”. Pero solo encontró reproches en una oposición que al PP cada vez le resulta más contumaz. “Nos trae la misma política errónea de todos los meses”, le censuró el portavoz de Jaén en Común (JeC). Manuel Montejo criticó que el Fondo de Ordenación “no sirve para ayudar a los ayuntamientos, sino para aumentar su deuda” y enriquecer a las entidades financieras. Y subrayó, con tono recriminatorio: “De estos 4,4 millones, ¡solo el 10% va a pequeñas y medianas empresas de la ciudad! Un 27% va para Matinsreg y un 22% a multinacionales que no reparten beneficios en Jaén”. Montejo utilizó el destino del dinero, el elevado endeudamiento municipal y el informe desfavorable de la Intervención, en el que se afirma que una nueva revisión del plan de ajuste no cubriría el coste de la operación, para negarse a apoyar la medida. Y el resto de la oposición siguió su senda.

“Es un pleno ¡no para mejorar la vida de la gente, ni para crear empleo o generar mecanismos de lucha contra la pobreza! ¡Esto sirve para terminar de hundir en la miseria al Ayuntamiento!”, reflexionó la viceportavoz del PSOE, Mercedes Gámez, que lamentó la “vuelta a las andadas del PP”, con una nueva solicitud de “préstamos, anticipos y fondos”, cuando “parecía que por fin” se había dado cuenta de la necesidad de buscar “soluciones de calado”. En este sentido, la socialista reprendió al grupo popular por haber convocado el pleno en pleno agosto y “a una hora intempestiva” con la intención —que le presumió— de que habría “menos concejales” después de que —subrayó—: “El Tribunal Constitucional les ha cortado el chollo para poder aprobar lo que no conseguían en pleno en junta de gobierno local”. Pero, como si mancillaran el honor de su partido, el alcalde negó la mayor y recordó que fue a finales de julio cuando el Ejecutivo central abrió de nuevo este mecanismo para el pago de sentencias.

También Bonilla intentó limar los reproches de la oposición. “Vamos a seguir negociando y volveremos a reunirnos a finales de agosto o a principios de septiembre para llevar una propuesta a Madrid, pero —completó, suplicante casi— ahora tenemos una posibilidad de pagar en un plazo breve sentencias firmes”. Alertó de que estos impagos conllevan un incremento de las deudas originales del “40% por costas procesales e intereses de demora”. Aseguró, frente al informe de la Intervención, que la operación estaría cubierta con la nueva subida del IBI y el ahorro previsto en gastos. Apeló al “voto responsable” de la oposición y al “espíritu de diálogo” iniciado en julio, pero fueron esfuerzos vanos. De nuevo, la oposición dijo “no”.