La Audiencia ordena el cierre de la cantera de Fuente de la Peña

Importante vuelco judicial en el caso de la cantera de la Fuente de la Peña. La Audiencia Provincial ha ordenado la paralización de la actividad minera y extractiva en esta explotación. Los magistrados de la Sección Segunda atienden el recurso planteado por la Fiscalía y revocan la decisión adoptada a finales de marzo por el instructor de esta causa. Hay que recordar que el juez Miguel Sánchez-Gasca rechazó el cierre cautelar de la cantera, tal y como le había pedido el Ministerio Público. Su señoría entendió que no resultaba acreditada una afección tan grave a la flora, a la fauna y a los yacimientos rupestres de la zona como para acordar “una medida extrema de cierre en sede penal”.

Ahora, la Audiencia le enmienda la plana al juez instructor y califica su argumento como “simplista”. Por ello, ordena paralizar la actividad extractora de esta instalación, ubicada en la carretera de Los Villares. El auto de la Sección Segunda es demoledor y recoge muchos de las alegaciones planteadas por la fiscal del caso, Isabel Uceda. Así, la Audiencia aclara que la empresa cuenta con la concesión minera y una prórroga de este permiso. No obstante, explica que no consta la preceptiva licencia urbanística municipal y recuerda que la actividad se realiza en un espacio protegido, “donde están prohibidas las actuaciones relacionadas con las actividades extractivas”.

Es en este punto donde los magistrados entienden que existen indicios suficientes de que se han producido “daños en el medio ambiente (...) como consecuencia del incumplimiento de las normas”. El auto judicial cita el informe realizado por la Policía Nacional y asegura, literalmente: “Se han producido afecciones al suelo, a la calidad del aire, a la calidad de las aguas, a los ecosistemas existentes y protegidos en la zona y a la salud de las personas”. También se pone de manifiesto “el riesgo para la seguridad de las personas” debido a que no se han adoptado medidas para la estabilización de los taludes de la cantera. Y añade que se han incumplido las normas protectoras del medio ambiente.

Por todo ello, los magistrados de la Audiencia entienden que la medida de paralizar cautelarmente la actividad es “idónea, proporcional y no tiene perjuicio para terceros”. Hay que recordar que la cantera ya está cerrada por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, después de que la Junta retirara la caducidad de la concesión hace unos meses.

Hay que recordar que esta causa judicial fue iniciada a raíz de una querella de la Fiscalía contra ocho personas por supuestos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. Finalmente, el juez instructor citó como investigados a seis personas. Se trata de los dueños de la explotación minera, los responsables de las empresas arrendatarias, el director facultativo de la cantera y un asesor técnico de Minas, perteneciente a la Delegación de Economía y Empresa de la Junta de Andalucía. Y es que el Ministerio Público sostiene que la prórroga de concesión, concedida por la Administración autonómica en 2012, no cumplía los requisitos, ya que el marco legal había cambiado y ya no era posible autorizar la actividad de la cantera. Sin embargo, un técnico lo hizo. Por ello está investigado en esta causa. En un principio, el juez instructor dijo en su auto que la explotación de la cantera no era “clandestina”. Ahora, con el auto de la Audiencia, el panorama cambia sustancialmente.