“Hay una profunda preocupación”

Hay una profunda preocupación de los vecinos, porque lo que está en peligro es su propia vida”. Así de tajante, el secretario de la comunidad de propietarios del número 11 de la calle Puerta del Ángel, Antonio Navarro, justifica la medida que adoptó ayer este grupo de ciudadanos, once familias que residen dentro del circuito ideado por el Ayuntamiento para descargar de tráfico el centro, una acción enmarcada en el plan de peatonalización que entró en vigor el pasado 27 de noviembre de 2017. Y es que este pequeño grupo de jiennenses, que tiene como portavoz al antiguo inspector jefe de la Policía Nacional, José Mariano Olivares, denunció ante la Fiscalía que el proyecto impulsado por el Gobierno local les causa perjuicios directos. “Si se pone en marcha un plan, hay que prever las consecuencias para evitar problemas a terceros”, argumenta Olivares. Y es que el problema que aseguran sufrir es tan sencillo como que, a consecuencia de un incremento exponencial de la circulación por Adarves Bajos, un flujo que, precisamente, tiene salida por Puerta del Ángel hacia el centro y el resto de la ciudad, a diario, los residentes en la zona se enfrentan a un riesgo cierto de atropello, amén de sufrir un mayor ruido en sus domicilios y otras males como respirar un aire que está mucho más contaminado.

Hace tres meses que, con buena voluntad, como sostienen, este colectivo pidió audiencia con el alcalde, Javier Márquez. A la máxima autoridad municipal, gran valedor de la reducción de coches en la almendra central, le querían explicar, de primera mano, que es preciso que la Administración local tome medidas. Incluso, llevaban bajo el brazo algunas provisionales, como cambiar zonas de carga y descarga y aparcamientos de motos creados, para alejarlos de las casas, además de restringir el paso de vehículos a la entrada y la salida de los niños que hay escolarizados en el colegio de esta parte de la capital. Lograron mantener un encuentro con miembros del Gobierno local, no con el regidor, pero no quedaron satisfechos, al entender que el apoyo al plan esgrimido por los responsables municipales no solucionaba su problema concreto, que es real y requiere soluciones lo antes posible. Olivares y Navarro, que fueron los dos encargados de llevar el asunto ante el Ministerio Público, para que estime si hay delitos por “acción u omisión” de los impulsores de la medida municipal. En este tiempo, también tuvieron la oportunidad de contactar con otros vecinos del barrio y, como explican, el sentimiento de malestar es generalizado.

Olivares llama la atención sobre la postura contradictoria del PP, en el Gobierno municipal, que, en 2011, revirtió el cierre al tráfico de Bernabé Soriano, convencido de que lo que había hecho el anterior equipo de Gobierno, del PSOE e IU, suponía un daño directo a unas treinta mil personas.

Con el cambio de actitud, en la comunidad de propietarios de la calle Puerta del Ángel están convencidos de que los responsables municipales conculcan derechos y leyes y no pocas, en torno a una treintena de ellas, como normativas europeas sobre evaluación medioambiental de los proyectos públicos o las que rigen en el Estado y la comunidad autónoma acerca de la calidad del aire y la contaminación acústica.

Este grupo de ciudadanos ya trató de recabar apoyos, allá por el mes de junio, en un céntrico hotel de la capital.