El PP propone pedir 150 millones para salvar el Ayuntamiento de Jaén

Para reducir la deuda, el consistorio tendría que reducir en un tercio la plantilla municipal durante la próxima década

07 jul 2016 / 19:23 H.

El equipo de Gobierno local (PP) ha diseñado un plan de acción para salvar financieramente al Ayuntamiento de Jaén y que pasa por pedir a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Hacienda una inyección conjunta de 150 millones de euros en diez años que permita al Consistorio equilibrar sus cuentas. Se trata de una propuesta que se verá este viernes en la comisión extraordinaria de Hacienda, convocada con el fin de que todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Jaén, además de los tres concejales no adscritos, puedan hacer sus aportaciones para mejorar la situación financiera del Ayuntamiento con una deuda a corto y largo plazo que ronda los 430 millones, según sostuvo en rueda de prensa el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla.

De estos 150 millones, cien los tendría que aportar el Ministerio de Hacienda, mientras que el resto los aportaría la Junta de Andalucía. Esta cantidad global se repartiría en diez anualidades a razón de 10 millones de euros al año por parte del Gobierno central y otros cinco anuales por parte de la Administración autonómica. Los 150 millones de euros serían en concepto de préstamo con una carencia de los diez primeros años y a devolver después en 30 años. Si bien, el propio Bonilla reconoció que todavía no se ha abordado la cuestión con ninguna de las dos administraciones que supuestamente deberían inyectar el dinero a las arcas del Consistorio jiennense. Bonilla recordó que el Ayuntamiento de Jaén arrastra un déficit anual de 30 millones de euros. De ahí que se necesite una inyección de liquidez que ayude a corregir la diferencia entre ingresos y gastos de “forma paulatina”.

Por su parte, el Ayuntamiento también tendría que hacer sus deberes reduciendo el déficit anual en un 3 por ciento durante los próximos diez años, esencialmente en los capítulos 1, 2 y 3 (gastos de personal, bienes y servicios y gastos financieros). Para ello, Bonilla se comprometió a reducir en un tercio la plantilla municipal durante la próxima década hasta el punto de que no se cubrirán las plazas que se queden libres por oposiciones, aunque se reserva una tasa de reposición del diez por ciento para aquellos servicios y puestos claves o estratégicos como los de Policía Local o Bomberos. De no conseguir esta inyección extra de liquidez, Bonilla apuntó que la situación “seguirá siendo insostenible” y que “seguiremos pasando penurias” en un Ayuntamiento que si fuera una empresa privada estaría “en causa de disolución”. De hecho, Bonilla reconoció que en el último año, cada dos o tres meses, han tenido que afrontar “situaciones límites” para poder hacer frente al pago de las nóminas de la plantilla.

MUNICIPALIZAR SERVICIOS

Entre las medidas a proponer para ayudar a sanear las arcas municipales, el responsable de Hacienda se mostró abierto a todas las posibilidades, incluida la de municipalizar servicios como el de la recogida de basura y limpieza viaria. “Estamos dispuestos ha hablar de todo, incluso de municipalizar el servicio de basura”, dijo Bonilla. En este punto, también indicó que el haber renunciado a seguir tramitando el presupuesto de 2016 conlleva que el nuevo pliego de contratación de la recogida de basura y limpieza se tenga que aplazar hasta enero de 2017 ya que “actualmente no tenemos crédito para poder afrontarlo”. También en lo que respecta a municipalizaciones, Bonilla se mostró dispuesto a hablar del futuro del contrato que tiene la empresa Vialine para gestionar el cobro de multas en la ciudad. En este caso, se presentó dispuesto a abordar tanto la municipalización como su entrega a Diputación o incluso la concesión a una nueva empresa. Sin embargo, dejó claro que el contrato con Vialine no permite su revisión hasta abril de 2017 por lo que habrá que esperar a esa fecha para hacer efectiva cualquier decisión al respecto y así evitar que “la empresa nos pueda pedir una indemnización por incumplimiento de contrato”.