URGENTE

El Ayuntamiento pide 8 años de cárcel para el exalcalde

Reclama una indemnización por valor de 132.127 euros
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25/06/2019
  • JUZGADOS. El ex alcalde, Juan Fernández, en una de sus últimas citas en este caso.
    JUZGADOS. El ex alcalde, Juan Fernández, en una de sus últimas citas en este caso.

Novedades sobre el caso de Juan Fernández por supuesta malversación de fondos públicos. La última noticia que se conocía era la personación del Ayuntamiento de Linares en el caso, que es el que ahora ha actuado ante el juzgado. Por eso, desde el gabinete jurídico de la Administración se han solicitado ocho años de prisión para el ex secretario general del PSOE, así como una indemnización de 132.127 euros. Así se daba a conocer en el auto emitido al juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Linares, por parte de una procuradora de los tribunales en nombre y representación del Ayuntamiento.

El informe, al que ha tenido acceso Diario JAÉN, dice lo siguiente: “El acusado, Juan Fernández Gutiérrez, prevaliéndose de su condición de alcalde Ayuntamiento de Linares, portavoz del grupo socialista y secretario general del Partido Socialista de Linares, y abusando de la confianza del resto de miembros de su grupo, ha sustraído de forma continuada (desde julio de 2011 hasta noviembre de 2017), para su beneficio propio, apropiándose de ella, la cantidad de 132.127 euros de fondos públicos concedidos por el Ayuntamiento al grupo municipal socialista para gastos de funcionamiento, en concepto de asignación al grupo municipal, y ello sin estar debidamente autorizado y estando expresamente prohibido por disposición legal”. De esta forma, se asocian dos cuentas bancarias de las que se ha sustraído esta cantidad total, por medio de la supuesta sustracción en metálico de 1.700 euros mensuales en uno o dos pagos. El concepto de los cheques emitidos al portador por parte de la administración del Partido Socialista era por “portavocía, dietas y desplazamientos”.

En una de ellas se estuvo percibiendo, desde marzo de 2014 hasta noviembre de 2015, la cantidad total de 34.000 euros. En la otra, sería desde junio de 2011 hasta noviembre de 2017, por un importe de 41.650 euros. Además, se contemplan varios cargos más mediante cheque bancario “habiendo sustraído también el acusado las citadas cantidades para su beneficio propio”. El Ayuntamiento estima entonces que la cantidad en esta cuenta ascendería a los 98.127 euros. Así, se ha calculado el total antes citado, que el auto considera “que tiene el carácter de fondos públicos al haberse detraído de las cantidades que anualmente se le concedía, con carácter subvención, a los grupos municipales”. El escrito añade: “El destino natural de la subvención es facilitar el funcionamiento del grupo político en su actividad corporativa municipal”, por tanto, “se debe justificar el uso de tales fondos”. El Ayuntamiento justifica que estas asignaciones “no podrán destinarse en ningún caso a otros fines más allá de los gastos de funcionamiento del grupo y la cantidad no estaba autorizada por el grupo municipal”.

Por esta razón, se le atribuye a Juan Fernández “un delito continuado de malversación y solicitan una imposición de 8 años de prisión, así como su inhabilitación absoluta por un tiempo de 15 años”. También se solicita una indemnización al Ayuntamiento por la cantidad supuestamente sustraída, así como el pago de las costas judiciales. Se pide también la “apertura de juicio oral contra el acusado”. Este es el informe que ha presentado el gabinete jurídico frente al tribunal, a la espera una actuación del mismo en este caso. Aún no se conoce sentencia firme, ya que se encuentra en estudio.

De nuevo a declarar si el juzgado así lo requiere tras el informe presentado

De esta forma, Juan Fernández estaría acusado de un “delito continuado de malversación apropiativa en su modalidad activa”, ya que supuestamente se integraron estos fondos públicos en su patrimonio, “lo que reviste especial gravedad”. Como pruebas, se propone un examen del acusado, la documentación relacionada, el informe de Policía Judicial y la testificación de una serie de personas relacionadas en este ámbito. Todos ellos formaban parte en ese momento del PSOE y entre los que se encuentran personas como Luis Moya, Pilar Parra, Ana Cobo o Daniel Campos. Un total de catorce personas tendrán que acudir a declarar si el juzgado así lo decide. Algunas de ellas ya lo han hecho en anteriores ocasiones desde que se abrió el caso, ya que fue el PSOE el que puso esta querella a Fernández a raíz de una auditoría de cuentas que se realizó al ser nombrado Campos como nuevo secretario general en Linares. Pilar Parra y Luis Moya pasaron a ser investigados en este caso, pero pasado un tiempo, quedaron fuera de la causa, ya que se consideraba, desde el juzgado, que el exdirigente del Partido Socialista “se había aprovechado” de la situación de confianza que existía entre ellos en ese momento.