Las muertes pertenecen a la intimidad de una familia y, sin embargo, hay ocasiones en las que algunas interpelan a una sociedad entera, como la de Mari Carmen Abascal. Tenía 87 años. Había vivido 71 en la misma casa. Allí construyó una vida, conservó sus recuerdos y levantó ese patrimonio invisible que ninguna escritura puede medir: el de una existencia ligada a cuatro paredes, a un barrio y a una historia personal. El pasado 23 de septiembre fue desalojada de aquella vivienda y trasladada al hospital. Murió esta semana sin regresar a su hogar. Ese es el hecho que España debe mirar de frente. Sin trincheras, sin consignas y sin utilizar a una mujer muerta como arma electoral. Ella no necesita un bando, sino una profunda reflexión. Está claro que si una persona mayor puede llegar al final de su vida expulsada del lugar donde ha vivido durante más de siete décadas, el problema ya no pertenece solamente a un expediente judicial, a una empresa propietaria, a un juzgado, a un Ayuntamiento o a un Gobierno. El problema es de todos, incluidos los jiennenses. Una sociedad se define por la forma en que trata a quienes tienen menos capacidad para defenderse. Y, en este sentido, una democracia no puede considerar cumplida su obligación cuando un procedimiento resulta legal. La legalidad constituye el suelo imprescindible de un Estado de derecho, pero la dignidad humana exige algo más, fundamentalmente requiere que las administraciones hablen entre ellas antes de que una persona vulnerable quede al borde del abismo. Mari Carmen no puede convertirse en una fotografía triste que desaparezca mañana de los periódicos. Su nombre debe quedar asociado a una responsabilidad unánime.