Una renuncia necesaria

La renuncia de Manuel Moix como fiscal Anticorrupción pone fin a nueve meses salpicados de polémica. La última de ellas, el que saliera a la luz que desde el año 2012 es dueño, junto con sus hermanos, de una empresa “offshore” en Panamá, que al parecer heredó de su padre y que era dueña de una propiedad inmobiliaria en el municipio de Collado Villalba, en Madrid. A pesar de que Moix defendió en todo momento que está al día con Hacienda y que ya declaró en su momento la propiedad de la vivienda, resulta obvio que no parecía el comportamiento más adecuado para quien precisamente ocupaba el cargo de fiscal Anticorrupción. La propia Asociación de Fiscales, a pesar de que defendió en todo momento la inocencia de Moix, se mostró a favor de que presentara su renuncia con el objetivo de preservar la imagen del Ministerio Público. Si a ello se añade la filtración de la conversación entre Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid —ahora entre rejas— y Eduardo Zaplana, en las que el primero decía literalmente: “A ver si podemos colocar a Moix en Anticorrupción, es un tío serio”, y que se opusiera a uno de los registros en el marco de la “Operación Lezo”, la conclusión es que la puesta a disposición de su cargo se demoró más de lo que habría sido deseable. Se echa en falta una mayor capacidad de reacción en estos ámbitos cuando la sombra de la duda se cierne sobre algún puesto, como ha ocurrido en los últimos meses ha ocurrido con Manuel Moix. La preservación de la integridad en las instituciones debe afrontarse con el mayor de los celos posibles y la rapidez en la toma de decisiones es aconsejable. Dimitir no es asumir la culpa. De eso ya se encargarán los jueces.