Once mujeres han sido asesinadas en Andalucía en lo que va de año en crímenes reconocidos como violencia de género. Once vidas truncadas. Once familias condenadas a convivir con una ausencia imposible de reparar. Once historias que terminan de la forma más cruel, aunque detrás de cada una existiera una vida entera que merecía continuar. El último caso, ocurrido en La Campana, vuelve a situar ante la sociedad una realidad que ninguna estadística puede hacer rutinaria. La víctima tenía 47 años y un hijo menor. No constaban denuncias previas contra el presunto agresor. Ese último dato merece una reflexión especial porque desmonta cualquier falsa sensación de seguridad: la ausencia de antecedentes conocidos no significa ausencia de violencia. Con este asesinato, la región andaluza se coloca a la cabeza de las comunidades autónomas en número de víctimas mortales por violencia machista durante 2026. En España son ya 40 mujeres asesinadas este año y 1.380 desde 2003, cuando comenzó el registro oficial. Cada cifra representa una persona. Cada número es un nombre, una familia, unos hijos, unos amigos y un territorio que debe afrontar las consecuencias de un crimen que nunca puede considerarse un asunto privado. La respuesta institucional resulta imprescindible, pero no suficiente. Las administraciones tienen la obligación de reforzar la prevención, mejorar la protección, facilitar la denuncia y garantizar recursos para quienes sufren violencia. Sin embargo, la lucha contra esta violencia no puede quedar limitada a las instituciones. El entorno cercano tiene un papel decisivo. Como ciudadanos, no podemos mirar hacia otro lado.