Una necesaria Ley de Memoria

El Pleno del Parlamento andaluz aprobó, con el apoyo de PSOE, Podemos e IU, y con la abstención de PP y Ciudadanos, la Ley de memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Con ella se intenta aportar algo de luz a muchas familias que después de la Guerra Civil y el franquismo siguen sin saber donde están enterrados sus familiares y esclarecer, en la medida de lo posible, distintos episodios del conflicto que fracturó al país y que, a pesar del “abrazo fraternal” que supuso la Transición, se cerró en falso en muchos aspectos. Se creará un grupo de trabajo que elaborará informes que se enviarán a una comisión nacional, aún sin crear. Hubiera sido razonable incluir propuestas de los partidos que no han dado apoyo a la iniciativa y sumar todas las voluntades políticas para que la ley no saliera como argumento político arrojadizo. Si existían puntos fundamentales en los que todos los partidos políticos estaban de acuerdo, era mejor que esta ley hubiera salido del Parlamento con los votos favorables de todos los partidos. Solo así se transmitiría una imagen de unidad y se eliminaría cualquier atisbo de politización. En cualquier caso era una necesidad darle cobertura a la demanda de los familiares y canalizar políticamente unas investigaciones que, por ahora, recaían en asociaciones y colectivos que realizan un trabajo ingente pero al que hay que darle visibilidad y, sobre todo, canalizarlo de forma que todos los estamentos públicos puedan ayudar a construir un relato conjunto, sin enfrentamientos que no conducen a nada y cerrar una herida que para muchas familias sigue abierta. Este es un buen principio que debe tener su traslación también en el ámbito estatal para cerrar todos los agravios.