La ciudadanía de Jaén recibe estos días un recordatorio poco amable: los servicios públicos tienen un coste y se pagan con los impuestos. La cuestión no está en discutir una obviedad, sino en preguntarse si resulta razonable que tres recibos —basura, bienes inmuebles y arbitrios— coincidan en el bolsillo de miles de familias en un contexto económico que tampoco invita al optimismo. El malestar existe y es un error político despreciarlo. Hay ciudadanos que perciben este triple tributo como un auténtico sablazo. No porque rechacen, por principio, su obligación de contribuir, sino porque la suma de las cantidades y la coincidencia temporal de los pagos hacen que el esfuerzo resulte especialmente gravoso. La Administración debe entender esa realidad antes de responder con argumentos contables. Conviene recordar, en este sentido, la otra cara de la moneda. Una sociedad que exige calles limpias, recogida de residuos, alumbrado, seguridad, servicios sociales, instalaciones públicas y tantas otras prestaciones necesita recursos para mantenerlos. Los impuestos no son, por lo tanto, un castigo, sino que constituyen la vía con la que se financia buena parte de aquello que la ciudadanía reclama a las administraciones. Sin aportación colectiva no hay servicios públicos de calidad. Sin embargo, esa necesidad no concede un cheque en blanco a quienes gobiernan. La gestión fiscal exige sensibilidad, previsión y explicaciones claras en una situación, además, en la que el Ayuntamiento sirve en bandeja una oportunidad cómoda a la oposición para convertir el asunto en munición política. Queda claro que la presión fiscal debe guardar relación con la capacidad económica de los ciudadanos y lo que reciben.
