Saltarse las reglas del juego

La decisión del Gobierno de Cataluña, encabezado por su presidente, Carles Puigdemont, de iniciar los pasos para la realización de la consulta independentista da al traste con cualquier esperanza de diálogo, si es que en algún momento la hubo. Según se pone de manifiesto desde el ejecutivo catalán, cualquier negociación con el Gobierno del Partido Popular se encuentra en “vía muerta” y eso se ejemplifica en la propuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que su homólogo catalán compareciera en el Congreso de los Diputados para explicar los motivos del referéndum. La Generalitat se opone de forma rotunda. Sorprende que esto último se considere casi como una afrenta por los independentistas catalanes, porque olvidan que es en las Cortes Generales es las que reside la soberanía del pueblo. En ella se sientan los representantes de la ciudadanía —también de los ciudadanos catalanes— elegidos libremente en las urnas. Es el lugar por excelencia para el debate sobre los designios del Estado y, por tanto, el marco en el que se decide sobre el futuro del país. Parece que para el ejecutivo catalán no tiene valor la voluntad expresada en las urnas cuando, precisamente, reivindican eso mismo. Así, con su discurso hacen gala de una doble vara de medir, en la que solo les parece el válida la voluntad que se deriva de las urnas que ellos colocan, pero no en las que expresan su voluntad todos los españoles. Los dirigentes catalanes no debe olvidar que las leyes son claras y establecen los procedimientos marcados; saltarse las normas es aceptar las consecuencias que pueden derivarse de emprender acciones unilaterales al margen de lo que los ciudadanos elegimos democráticamente para regirnos.