La provincia de Jaén afronta un problema que no puede convertirse en una cuestión de paciencia, comprensión o buena voluntad de las familias. Hay 56 rutas de transporte escolar sin servicio y 1.618 alumnos afectados, una cifra que esconde escolares que necesitan llegar a su centro educativo y padres y madres que deben reorganizar cada día su vida para cubrir una necesidad que no les corresponde asumir. No se trata de un complemento accesorio de la educación, sino de un servicio que forma parte de las condiciones que permiten ejercer con normalidad el derecho a la educación. En este sentido, una beca no debe sustituir al autobús. Puede servir como ayuda extraordinaria ante una emergencia, pero de ninguna manera se tiene que convertir en una respuesta estructural. La Consejería de Desarrollo Educativo lanzó la licitación y repitió los procedimientos previstos por la normativa. Las empresas no concurrieron en 56 rutas y los mecanismos de contratación, según explica la propia Junta, quedaron agotados. Se trata de una circunstancia que merece una reflexión más profunda, no una simple constatación. Si un servicio público esencial queda sin compañías dispuestas a prestarlo, existe un problema que debe resolverse con algo más que nuevas convocatorias con condiciones similares. La provincia no puede pagar el precio de su dispersión geográfica, de su orografía o de la baja densidad de población. Precisamente en una tierra con numerosos núcleos rurales, garantizar los servicios públicos exige tener en cuenta esas particularidades. La igualdad no consiste en aplicar la misma fórmula a territorios diferentes, sino en asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso efectivo a iguales derechos.
