Ceuta necesita respuestas de forma urgente. El anuncio de un plan de emergencia de 165 millones de euros, al que se sumarán otros 180 millones para la recuperación a medio plazo, supone una noticia relevante para una ciudad que afronta retos económicos y sociales de enorme dimensión. Las ayudas directas a pequeñas y medianas empresas y autónomos, junto al refuerzo del comercio, el turismo y los servicios públicos, pueden aportar un alivio necesario y abrir una vía para la recuperación. Sin embargo, una cuestión de tanta relevancia no debería quedar atrapada en la disputa partidista. Sus ciudadanos merecen algo más que el intercambio de reproches entre siglas. La situación exige altura de miras, acuerdos y una estrategia que permita atender las necesidades inmediatas sin perder de vista las soluciones estructurales. Los 80 millones previstos para los próximos cuatro meses pueden resultar decisivos para muchas empresas y trabajadores, pero el verdadero éxito del plan dependerá de su ejecución, de la rapidez con la que las ayudas lleguen a sus destinatarios y de la capacidad de las administraciones para garantizar que cada recurso público cumpla su objetivo. La responsabilidad corresponde a todas las instituciones y a todas las fuerzas políticas. Al Gobierno, para que las medidas anunciadas se traduzcan en resultados tangibles. A la oposición, para ejercer una fiscalización rigurosa y constructiva. Y a las administraciones autonómica y local, para facilitar la aplicación de las intervenciones y defender ante el Estado las necesidades reales de los ceutíes. La situación es excepcional y la política debe estar a la altura.
