La Sierra de Segura lleva años a la espera de una solución para que los recursos de la presa de Siles puedan cumplir la función para la que fueron concebidos. El paso anunciado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir abre, por fin, una puerta que durante demasiado tiempo permaneció entre trámites, expedientes y reclamaciones. La regularización de los regadíos de siete comunidades de regantes, con una superficie que supera las 4.400 hectáreas y una reserva de 6,18 hectómetros cúbicos, representa un avance relevante. El procedimiento todavía no está terminado, pero existe ya una base técnica que permite avanzar hacia las concesiones administrativas. La prudencia obliga a esperar al final del proceso, pero también resulta razonable reconocer el valor de un movimiento que responde a una reivindicación histórica. La cuestión de fondo, sin embargo, trasciende a la presa de Siles. Jaén necesita que el agua reciba un tratamiento acorde con su importancia económica, social y territorial. No puede entenderse como un recurso que genera oportunidades en unos lugares mientras mantiene limitaciones estructurales en otros. El reparto debe responder a criterios transparentes, equilibrados y sostenibles, con las mismas reglas para todos y con atención a las necesidades reales de cada territorio. La provincia conoce bien la paradoja. Dispone de infraestructuras hidráulicas, soporta las consecuencias de las restricciones y contempla durante años cómo recursos que podrían contribuir a su desarrollo permanecen sujetos a obstáculos administrativos o a decisiones que no siempre han respondido a una visión territorial suficiente. El agua no es solo una cuestión agrícola. Afecta a todo.
