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Terminó el plazo para presentar las propuestas de regularización extraordinaria de personas extranjeras con 6.750 solicitudes presentadas en la provincia de Jaén. Se trata de una buena noticia, tanto para quienes llevan años de lucha para conseguir sus papeles como para los propios jiennenses, porque quienes llegan a la provincia procedentes de otros países contribuyen con su trabajo al desarrollo social, económico y cultural. La medida, impulsada por el Gobierno central, proporciona una respuesta inmediata y de carácter garantista a un determinado sector de la población que hasta el momento encontraba obstáculos, por ejemplo, para conseguir un puesto de empleo o que, simplemente, no podía cotizar a la Seguridad Social por falta de la necesaria documentación. Ver reconocidos sus derechos y contribuir al fortalecimiento de una tierra tan rica como diversa serán las principales consecuencias de una iniciativa que también otorga seguridad jurídica a los empresarios. Hay que tener en cuenta que las personas que han participado en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año. Entre los requisitos establecidos figura el de no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. El único inconveniente es que el proceso estuvo empañado, desde un primer momento, por la demagogia y el uso político. Es una evidente necesidad demográfica que, por supuesto, conlleva ventajas para el tejido empresarial, por lo que tampoco se puede vender como un procedimiento única y exclusivamente humanitario. La caída de la natalidad es la clave de todo.