El olivar jiennense afronta una contradicción que exige una respuesta inmediata. La última campaña de comercialización deja cifras de ventas extraordinarias, pero también pérdidas cercanas a los 2.000 millones de euros para los olivareros andaluces. Está claro que si el negocio funciona para todos menos para el agricultor, algo falla en la cadena de valor. La estadística invita a una reflexión que va más allá de la coyuntura. El precio en origen ha pasado de unos 4,20 euros por kilo en octubre de 2025 a situarse en torno a los 3 euros, mientras que en los supermercados apenas baja diez céntimos por litro. Se trata de una diferencia que merece una investigación rigurosa. No basta con lamentar la situación ni con señalar de forma genérica a los intermediarios. Hace falta transparencia para determinar dónde queda el margen, quién lo obtiene y por qué la caída de las cotizaciones recae con tanta intensidad sobre el eslabón más débil. Urge, por lo tanto, reforzar los mecanismos de control y supervisión. La Ley de la Cadena Alimentaria debe servir para garantizar que ningún operador compre por debajo de los costes de producción cuando la normativa lo prohíbe y que los contratos ofrezcan seguridad a los productores. Está claro que la responsabilidad no corresponde únicamente a las administraciones ni a quienes compran y comercializan el producto estrella de Jaén. El sector olivarero debe abandonar cualquier tentación de conformismo. La atomización de la oferta, la falta de capacidad negociadora y la dependencia de las ventas individuales debilitan al productor frente a operadores con mayor dimensión. La respuesta pasa por fortalecer las cooperativas e impulsar la concentración de la oferta.