Rebajas fiscales autonómicas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, consiguió aprobar en el Consejo de Gobierno la eliminación del impuesto de patrimonio en la comunidad autónoma, una medida fiscal pensada para hacer frente a la inflación y, sobre todo, para atraer inversiones a las ocho provincias. Fue mediante un Decreto Ley, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que contempla modificaciones en la tributación que afectan al IRPF, al Impuesto Sobre el Patrimonio y al canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas. De esta forma, el máximo dirigente autonómico consiguió situar a la región que gobierna en el centro del debate nacional. Portadas de periódicos, editoriales de radio y debates televisivos abordan, desde el lunes, la eliminación de un tributo exclusivo para quienes poseen propiedades por encima de los setecientos mil euros y, en este sentido, las críticas crecen, fundamentalmente entre las fuerzas políticas de la izquierda. La polémica está servida en bandeja. Las ventajas son evidentes, pero es normal que haya quienes piensen que la erradicación del impuesto de patrimonio es una medida que sólo favorece a los que más dinero tienen, que incrementa la competencia entre comunidades y que, además, hará que más tarde la Junta de Andalucía quiera buscar en el Estado una compensación. Sin embargo, se trata de una tasa prácticamente obsoleta y, además, la decisión refuerza algo que reclaman los presidentes autonómicos desde hace mucho tiempo: la defensa de la potestad tributaria. La tónica en Andalucía es, desde que llegó el Gobierno del cambio, rebajar todo lo posible las tasas que perjudican gravemente el bolsillo del ciudadano.