La muerte de un trabajador autónomo de 62 años, vecino de Valdepeñas de Jaén, en un accidente laboral vuelve a situar la siniestralidad en el centro de una preocupación que no puede admitir indiferencia. Cada accidente mortal en el trabajo supone una tragedia humana que afecta a una familia y a un pueblo entero y, a la vez, plantea preguntas que las instituciones y la sociedad tienen la obligación de responder. Los sindicatos piden a la Inspección de Trabajo y al Centro Provincial de Prevención de Riesgos Laborales que intervengan e investiguen las circunstancias del siniestro para determinar si se cumplían las medidas de seguridad pertinentes. Es una petición razonable y necesaria. Corresponde ahora a los organismos competentes esclarecer qué ocurrió, comprobar las condiciones en las que se desarrollaba la actividad y determinar si se respetaron todas las obligaciones de prevención. No se trata de anticipar responsabilidades ni de establecer conclusiones antes de que termine la investigación. Se trata de algo mucho más elemental: conocer la verdad y aprender de ella. Porque cada tragedia laboral debe servir para detectar fallos, corregirlos y evitar que una situación similar vuelva a producirse. La prevención de riesgos laborales no puede convertirse en un mero cumplimiento burocrático. Las evaluaciones de riesgos, la formación, los equipos de protección, los procedimientos de trabajo y todas las medidas previstas por la normativa vigente tienen un objetivo muy concreto: proteger la vida y la integridad de los trabajadores. Cuando una de esas herramientas resulta insuficiente, no se aplica o falla por motivos que se desconocen, el riesgo puede adquirir consecuencias irreparables.
