El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el jiennense Lorenzo del Río, presentó en la capital la Memoria Anual que recoge la actividad de los órganos judiciales andaluces durante 2025, un ejercicio marcado por cambios como la transformación de los juzgados en tribunales de instancia, la conversión de los de paz en Oficinas de Justicia Municipal o la ampliación de competencias en aquellos que se ocupan de la violencia sobre la mujer. Son muchos los frentes abiertos que hay actualmente en uno de los ámbitos clave para que funcione el sistema público y, en este sentido, la provincia tiene que estar preparada con el fin de poder dar respuesta a las demandas de la sociedad actual, donde los ciudadanos perciben una excesiva lentitud para encontrar solución a sus problemas. Una de las claves está en la construcción de la Ciudad de la Justicia, un proyecto necesario para evitar la dispersión de edificios, que no sólo dificulta el trabajo actualmente, sino que supone un galimatías para el usuario y un gasto excesivo para la Administración. El último plazo para su entrada en funcionamiento es el año 2029, pero después de dos décadas de idas y venidas es normal que haya desconfianza en la construcción de una infraestructura que reclama el mundo judicial para poder avanzar en las reformas con totales garantías. Otra de las asignaturas pendientes tiene que ver con la digitalización y la tecnología en un modelo anclado en el pasado que requiere el esfuerzo de todos los operadores jurídicos para una implantación segura. No hay que escatimar en esfuerzos para que este servicio público funcione con la mejor calidad y la mayor celeridad posible.
