Mazazo para el socialismo

La Intervención General de la Junta de Andalucía examinó en 2005, por primera vez, el fondo de subvenciones que la Administración regional tenía articulado para ayudar a las empresas en crisis y pagar el coste que suponían los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y censuró por completo su funcionamiento. El nuevo sistema supuso una ausencia absoluta de control que permitió, por ejemplo, que ciertos intrusos se prejubilaran de compañías en las que nunca habían trabajado. La necesidad política de dar una respuesta rápida a un problema sociolaboral tan importante como fue el cierre de firmas empresariales en la comunidad hizo que los representantes de aquella etapa idearan un sistema tan ágil que terminó en los juzgados. La sentencia del caso ERE reabre ahora la batalla entre partidos a cuenta de la corrupción. El auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo, reconoce que los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto con el resto de los condenados, eran conscientes de la “ilegalidad” de los actos en los que participaron desde el año 2000. El juez ve prevaricación en el primero y, en el segundo, además, malversación, por haber ejercido una administración desleal aun teniendo conocimiento de los reparos de la Intervención General como consejero de Economía. La decisión judicial es un mazazo no solo para los encausados, líderes históricos del Gobierno de Andalucía, sino también para el Partido Socialista. Llega, además, en un momento crítico para la firma de un pacto necesario para dar estabilidad a España. Para la ciudadanía queda una máxima: la justicia es igual para todos.