La protesta, la discrepancia y la reivindicación forman parte de cualquier democracia madura y, sin embargo, ninguna puede servir de coartada para justificar la violencia, el saqueo o la destrucción de aquello que pertenece a todos. Lo ocurrido alrededor de Blocus, con altercados en distintas ciudades españolas, obliga a reflexionar sobre los límites que nunca deben desaparecer de la convivencia. Está claro que detrás de una convocatoria que se presenta bajo apariencia de movilización estudiantil se esconden intereses muy distintos a los de quienes ejercen su derecho a expresar una reivindicación. Las imágenes de comercios destrozados, enfrentamientos y episodios de vandalismo no representan ninguna conquista social. Al contrario, desacreditan cualquier causa legítima y dejan una factura que pagan ciudadanos ajenos a los conflictos. No obstante, las administraciones públicas están obligadas a intervenir, investigar los hechos, proteger a los ciudadanos y exigir responsabilidades a quienes hayan cometido posibles delitos. La ley debe prevalecer, con garantías y sin arbitrariedades. También corresponde a las familias, los centros educativos y las propias plataformas digitales una tarea de prevención ante mensajes que alientan el odio, la violencia o la impunidad. La respuesta no puede limitarse a los dispositivos policiales cuando el problema también tiene una dimensión educativa y social. Ninguna sociedad sale fortalecida de un clima de enfrentamiento permanente. La serenidad no significa renunciar a las ideas ni silenciar las reivindicaciones, sino defenderlas sin atropellar los derechos de los demás. Ese compromiso corresponde a todos. Por encima de todo debe estar la convivencia.
