Powered by
HACEMOS GLOBAL LO LOCAL
Las cicatrices que el último temporal de borrascas dejó en la provincia de Jaén van mucho más allá de los desprendimientos de tierra, los cortes de carreteras y los caminos rurales impracticables. Afectaron directamente a la línea de flotación de la economía jiennense: el campo, los pueblos y ciudades y el día a día de miles de jiennenses que contemplaron con impotencia la fuerza de la naturaleza. Sin embargo, la adversidad meteorológica trajo consigo una respuesta administrativa sin precedentes. La llegada de fondos estatales, con partidas determinantes como los 86 millones de euros para paliar los daños más urgentes y el paquete global que moviliza cientos de millones destinados a ayuntamientos y la Diputación, esta tierra recibe una cifra histórica que representa mucho más que una simple tirita para restañar heridas. Es una oportunidad histórica de transformación, resiliencia y justicia territorial.
El ejemplo más reciente está en el Ayuntamiento de Jaén, cuyo alcalde, Julio Millán, anunció el viernes que destinará 16 millones de euros para renovar el firme de 186 calles en todos los barrios de la ciudad con el objetivo de ponerlas a punto antes de que acabe 2026. La gestión de este caudal económico no es solo un balón de oxígeno para los pueblos y ciudades beneficiarios, sino también una prueba de fuego para su capacidad de resolución. No se trata únicamente de reponer el asfalto levantado o limpiar el barro de las plazas. El verdadero reto radica en diseñar infraestructuras del siglo XXI, preparadas para resistir los embates de un cambio climático que se empeña en encadenar sequías extremas con tormentas torrenciales. Cada euro invertido hoy en canalizaciones, contención de taludes y modernización del viario urbano debe ser una garantía de seguridad para el mañana. Hay que apelar a la responsabilidad de la clase política, porque los ciudadanos no entenderán que el dinero público se encalle en el fango de la burocracia interminable o en la estéril confrontación de partidos. Las administraciones están obligadas a trabajar con una sola voz y transparencia.
