La tasa turística vuelve al primer plano del debate andaluz y conviene abordarla sin apriorismos. La última reflexión del presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, introduce una dosis de sensatez que debería presidir cualquier decisión: no todos los municipios tienen la misma realidad turística y, por lo tanto, tampoco deberían estar obligados a aplicar una misma receta. Andalucía no es un destino homogéneo. No afronta los mismos retos una ciudad sometida a una enorme presión turística que un municipio que necesita precisamente incrementar sus visitantes y alargar sus estancias. La realidad de Jaén encaja mucho más en este segundo escenario, aunque también hay excepciones en rincones de la tierra del mar de olivos como el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas o las dos ciudades patrimoniales, Úbeda y Baeza. La provincia tiene todavía un enorme margen para crecer, generar actividad económica y convertir su extraordinario patrimonio cultural, natural y gastronómico en empleo y oportunidades. En este sentido, hablar de tasa turística en términos exclusivamente ideológicos sería un error. No se trata de estar a favor o en contra por principio, sino de preguntarse qué objetivo se persigue, quién soportará el coste y, sobre todo, qué retorno tendrá para el territorio. Si alguna figura de este tipo termina por implantarse, debería cumplir una condición elemental: que el dinero recaudado revierta de manera clara y verificable en el turismo. Más promoción, conservación del patrimonio, mejora de los servicios públicos, limpieza, movilidad, señalización o infraestructuras.
