El incremento del precio de los carburantes es, además de doloroso, indignante. Llenar el depósito cuesta unos euros más y, en este sentido, no estamos hablando simplemente de una cifra que aparece en el surtidor, sino de dinero que desaparece de la economía de las familias, de los autónomos, de los agricultores, de los transportistas y de todos aquellos jiennenses que necesitan el vehículo para trabajar, estudiar o, sencillamente, vivir. El problema adquiere una dimensión especial en Jaén. La provincia cuenta con una amplia extensión territorial, una población dispersa y numerosos municipios que dependen del vehículo privado. Para miles de jiennenses, el coche no representa un lujo ni una elección. Constituye una necesidad. La factura no termina en la gasolinera. El incremento del combustible afecta al transporte, a la agricultura, a la industria, al comercio y a los servicios. Después llega al supermercado, al pequeño negocio y a la economía doméstica. Una subida aparentemente limitada puede acabar por multiplicar sus efectos. También existe una cuestión que merece una explicación mucho más clara por parte de las grandes compañías energéticas. El consumidor contempla con demasiada frecuencia una respuesta inmediata del precio ante las malas noticias del mercado internacional y una reacción mucho más lenta cuando esas mismas circunstancias permiten una reducción. Las grandes empresas energéticas deben explicar con claridad cómo se forma el precio final de cada litro de combustible. Las autoridades, por su parte, tienen la obligación de comprobar que existe competencia efectiva y que ninguna posición de dominio perjudica al ciudadano. Es cuestión de justicia.
