El nuevo modelo de financiación autonómica ya tiene el primer visto bueno institucional. El Consejo de Política Fiscal y Financiera dio luz verde a una propuesta que pretende poner fin a un sistema caducado y que, durante demasiado tiempo, ha convertido el pago de los servicios públicos esenciales en un problema sin respuesta. Sin embargo, el hecho de que algo necesite cambiar no significa que cualquier modificación sea buena. Andalucía necesita una reforma, pero hay que medir el precio. Hay una primera evidencia que resulta indiscutible: el modelo actual no funciona, porque ha dejado demasiadas diferencias entre territorios y muchas dudas sobre la capacidad de las comunidades para sostener con suficiencia la sanidad, la educación y los servicios sociales. La segunda evidencia es que una reforma de esta magnitud no puede nacer de un acuerdo político que genere la sospecha de que unos territorios reciben un trato singular a cambio de apoyos parlamentarios. Si la financiación autonómica afecta a todos, todos deben participar en su definición. El Consejo de Política Fiscal y Financiera no puede convertirse en un escenario de reparto de culpas ni en una simple estación de paso hacia acuerdos cerrados en despachos bilaterales. Hace falta diálogo, transparencia, reglas comprensibles y, sobre todo, que nadie tenga la sensación de que el resultado depende más de la aritmética parlamentaria que de las necesidades reales de los ciudadanos. Queda claro que el actual modelo está agotado. Nadie puede defender seriamente su continuidad, pero tampoco vale cualquier reforma para salir del paso. Y ahí deben estar al quite los andaluces.
