El rechazo del proyecto de implantación de una planta de biogás en la carretera de Fuerte del Rey abre un debate que trasciende el futuro de una instalación concreta. La cuestión de fondo afecta al modelo energético, industrial y territorial que Jaén quiere para los próximos años. Está claro que el biogás representa una oportunidad para una provincia con una enorme capacidad para generar materia prima susceptible de valorización. El sector agroalimentario y, de manera muy especial, el olivar producen residuos que pueden convertirse en energía, empleo y actividad económica. Renunciar a ese potencial no parece una opción razonable para una tierra que necesita nuevas fuentes de riqueza. Sin embargo, tampoco resulta razonable aceptar cualquier proyecto por el simple hecho de presentarse bajo la etiqueta de energía renovable. El caso de Fuerte del Rey ofrece una lección. La Administración rechaza tramitar la iniciativa después de los informes técnicos desfavorables en materias como urbanismo, medio ambiente y salud pública. La decisión merece respeto y, sobre todo, exige que el debate se sitúe en el terreno de los criterios técnicos, las garantías y la planificación. El desarrollo de esta industria necesita reglas claras. Si Andalucía apuesta por el biogás y el biometano como parte de su estrategia energética, las instituciones públicas están obligadas a establecer con precisión dónde pueden instalarse estas plantas, qué dimensiones resultan adecuadas, qué distancias deben respetarse y qué condiciones ambientales y de seguridad deben cumplir. Jaén no puede permitirse perder inversiones y oportunidades, pero tampoco puede asumir proyectos que generen dudas que son razonables.
