Huelga en la sanidad pública

Hay datos contradictorios sobre el seguimiento de la huelga convocada en señal de protesta por el Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, está claro que el primer día afectó, en mayor o menor medida, a los usuarios de centros de salud y hospitales de toda España. Entre ayer y el viernes, cerca de 30.000 facultativos sanitarios están llamados a cruzarse de brazos por la supervivencia del sistema. No piden dinero, como resulta habitual en este tipo de movilizaciones, sino mejores condiciones de trabajo para poder prestar una atención correcta. El modelo necesita una vuelta de tuerca y son los profesionales los que deben ejercer un papel protagonista. Es ahora cuando debe imperar un proceso de escucha que termine en negociaciones fructíferas para todos. El problema es que la convocatoria llega en plena ola de virus respiratorios, que ha llevado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a tomar medidas de prevención, como la recomendación del uso de las mascarillas en ambulatorios, hospitales y residencias de personas mayores tanto públicas como privadas hasta el próximo 8 de enero. Hay fijados unos servicios mínimos que implican la garantía de una actividad asistencial como la que se presta en un festivo, pero las intervenciones quirúrgicas programadas se cayeron en una especie de efecto dominó que empezó, fundamentalmente, por la falta de anestesistas, un servicio ya mermado de por sí que tiene ralentizada la lista de espera. Los presidentes de las comunidades autónomas, sobre todo los que gobiernan con signos contrarios al del Ejecutivo central, aprovechan para hacer política con algo que no se juega: la salud.