La transición hacia una movilidad menos contaminante constituye una necesidad inaplazable. La lucha contra el cambio climático, la mejora de la calidad del aire y el compromiso con las generaciones futuras obligan a buscar alternativas al transporte tradicional. El vehículo eléctrico forma parte de esa solución, pero su implantación requiere algo más que voluntad política, avances tecnológicos y campañas de concienciación. Hace falta una red de servicios capaz de responder a las necesidades reales de los ciudadanos. Jaén da un nuevo paso en esa dirección con la licitación de una concesión demanial para instalar una estación de recarga ultrarrápida en Las Fuentezuelas. El proyecto contempla diez plazas entre las calles Fuente del Pinillo y Fuente del Alamillo, con un presupuesto de 125.840 euros y un plazo de presentación de ofertas que concluye el 5 de noviembre. Se trata de una iniciativa positiva, necesaria y digna de reconocimiento. Sin embargo, también invita a plantear una cuestión de fondo: ¿Está preparada la sociedad para asumir el cambio de modelo que se pretende impulsar? La respuesta exige realismo. La movilidad eléctrica no puede depender de la capacidad de cada conductor para encontrar un punto de recarga en su ciudad, en su lugar de trabajo o durante un viaje. Tampoco resulta razonable que la autonomía del vehículo se convierta en una fuente permanente de preocupación por la falta de instalaciones disponibles. A esa carencia se suma otra dificultad menos visible, aunque igualmente importante: la preparación del sector de la automoción. Está claro que el futuro de la movilidad será más sostenible si las decisiones públicas avanzan al mismo ritmo que las necesidades de la población.
