Estabilidad presupuestaria

Primero fue la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, después tocó el turno de la Ley de Amnistía y, ahora, la senda de estabilidad y los Presupuestos Generales del Estado. El caso es que Junts marca los tiempos de todo cuanto ocurre en el panorama político actual, una legislatura en la que siete votos son una amenaza permanente de ruptura y su consecuente convocatoria electoral. Está claro quién tiene la sartén por el mango, por mucho que alguien intente disfrazar una situación en la que resulta complicado ocultar lo que ocurre. Si se retiró “in extremis”, la propuesta del techo de gasto, indispensable para sacar adelante el proyecto presupuestario del próximo año, es por asegurar el “sí” de los independentistas. Es normal que el Ejecutivo central haga todo lo que esté en su mano por garantizar la estabilidad y la normalidad, lo mismo que es comprensible que quienes están en la oposición utilicen esta estrategia para arremeter políticamente y exigir una convocatoria electoral como solución de todos los problemas. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, se refirió al Partido Popular, precisamente, tras el Consejo de Ministros, en una comparecencia en la que explicó que, si se aprueba la senda de déficit propuesta, las comunidades autónomas podrán disfrutar de 3.000 millones de euros más de margen de gasto para cada ejercicio presupuestario. En el caso de entidades locales, ayuntamientos, esta senda supone en 2025 una décima más y en 2026 dos décimas más. Es decir, 1.600 y 3.350 millones más de margen cada año. La iniciativa es a corto, medio y largo plazo, pero está en el aire, al amparo de lo que digan otros.