El “no” al superávit municipal

Están los ayuntamientos atados de pies y manos en cuanto a financiación se refiere. Son pocas las competencias que tienen en materias diversas del día a día y muchas, casi todas, las responsabilidades. El ejemplo está en la apertura de los colegios, donde se vieron obligados a ejercer labores de desinfección que exceden el terreno municipal. El caso es que la crisis del coronavirus planteó una necesidad que, aunque reclamada tiempo atrás, se hizo más grande con una pandemia que ha puesto patas arribas las arcas públicas. La reivindicación de la derogación de la conocida como “Ley Montoro” empezó con la recuperación económica y toma fuerza ahora. Liberar el superávit es más urgente que nunca, porque permitiría a las administraciones más cercanas al ciudadano, las que de verdad conocen su territorio, abordar inversiones económicas y sociales destinadas a capear los efectos del coronavirus. El Gobierno, mediante un decreto, elevó la propuesta al Congreso de los Diputados con un planteamiento un tanto enrevesado que no llegó a convencer: que los ayuntamientos cedieran sus remanentes al Estado para usarlos luego como préstamo y, a cambio, recibir además un fondo de 5.000 millones. La derrota que consiguió el Ejecutivo de Pedro Sánchez no fue solo para su equipo, sino para todos, porque, en resumen, quienes pierden con este “no” a gastar el dinero que es de todos en lo que verdaderamente hace falta en este preciso momento son, precisamente, quienes votan en cada cita electoral a sus representantes en las instituciones. El rechazo lo que denota es la falta de diálogo y la necesidad imperiosa de negociación en un asunto concreto que es ejemplo de otros muchos más.