La vivienda dejó hace tiempo de ser una preocupación reservada a quienes buscan su primera casa. Hoy condiciona la emancipación de los jóvenes, las decisiones de las familias, la movilidad laboral y, en demasiados casos, la posibilidad de mantener un proyecto de vida. El problema adquiere tal dimensión que cualquier respuesta política exige algo más que titulares: necesita resultados. El Gobierno dio ayer un nuevo paso con la aprobación de dos reales decretos que amplían hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios, regulan los alquileres de temporada y por habitaciones, limitan determinadas compras de fondos de inversión, prorrogan durante dos años algunos contratos y plantean la renovación automática de los arrendamientos. El paquete incorpora, además, ayudas fiscales para inquilinos, financiación sin intereses para acceder a la primera vivienda y medidas destinadas a aumentar el parque público. Ni que decir tiene que las decisiones afectan a un asunto demasiado importante como para quedar atrapado en la disputa partidista. La vivienda necesita seguridad para quien alquila, garantías para quien posee un inmueble y, sobre todo, una oferta suficiente para evitar que cada nuevo piso disponible se convierta en motivo de competencia entre decenas de familias. Jaén ofrece una perspectiva que conviene tener en cuenta. La provincia no afronta las cifras de Madrid, Barcelona o Málaga, pero eso no significa que el acceso a un derecho fundamental carezca de dificultades. Está claro que proteger a las personas que se encuentran en una situación límite es una obligación, lo mismo que conseguir que cada vez menos personas lleguen a ese límite debería ser el objetivo.