La clausura de un club de alterne de la capital la semana pasada, en el que dormían catorce mujeres, reabre el debate sobre la profesionalización de la prostitución, una polémica sociopolítica y laboral profunda que divide al feminismo. Los defensores abogan por el reconocimiento como “trabajo sexual” para garantizar derechos laborales y seguridad, mientras que los sectores abolicionistas sostienen que es incompatible con la humanidad y normaliza la explotación. El vacío legal que impera en este momento hace que los cuerpos y fuerzas de seguridad sólo tengan competencias para intervenir cuando hay constancia de inmigración irregular, trata de blancas o aprovechamiento por parte de los empresarios que gestionan los centros convertidos en una especie de hotel en el que se alojan quienes ejercen el que está considerado, popularmente, como el oficio más antiguo del mundo. Está claro que la regulación es la única vía que existe para erradicar la clandestinidad, proteger a las mujeres frente a la violencia y el abuso, y dotarlas de cobertura social, fiscal y sanitaria. Hay organizaciones sociales que se dedican a hacer una importante labor de acompañamiento en todos los sentidos que les hacen la vida más fácil, pero no todas están dispuestas a coger la mano tendida, fundamentalmente por la desconfianza que existe en torno a ellas. Frente a la profesionalización, hay quienes argumentan que lo único que conseguirá es mercantilizar el cuerpo humano y enmascarar estructuras de desigualdad y trata de personas. Su objetivo es la abolición mediante políticas de apoyo social que ofrezcan alternativas reales, pero lo idóneo es buscar un equilibrio.
