Dureza con los pozos ilegales

La muerte de Julen, que tiene conmocionado a todo el mundo, saca a la luz pública un problema escondido que es necesario cortar de raíz para que no se repitan más tragedias: la construcción de pozos ilegales. El delegado del Gobierno en Andalucía, José Gómez de Celis, aprovechó la rueda de prensa en la que hizo balance del rescate del niño para hacer un llamamiento a la responsabilidad de toda la sociedad en un asunto de vital importancia como el ocurrido en el municipio malagueño de Totalán. Son muchas las zonas de España en las que se revisan los pozos existentes para proceder a su sellado. En Jaén, el servicio de Guardería Rural del Ayuntamiento de Villacarrillo localizó uno sin uso en una finca particular del término municipal, con un diámetro de 35 centímetros y una profundidad de 43 metros, de los que al menos la mitad están sumergidos en agua. Tras el hallazgo y las comprobaciones necesarias se señalizó y se puso la maquinaria en marcha para que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil intervenga de la manera más oportuna. Sin embargo, la solución a este problema tiene que ir por derroteros. El problema que hay, en la actualidad, es que sale más rentable pagar una multa que legalizar los pozos. Es fundamental, en este sentido, la implicación de las administraciones públicas para que haya una modificación de la legislación vigente que obligue a los propietarios de fincas a solicitar los permisos pertinentes antes de ejecutar una construcción de este tipo y, si es necesario, aplicar más dureza en las sanciones como medida disuasoria. Desgraciadamente, ha tenido que ocurrir una muerte como la de Julen Rosselló para que se enciendan todas las alarmas.