Deriva que debe atajarse

El anuncio de que el Estado vigilará las cuentas catalanas para atajar cualquier desvío hacia la financiación del referéndum en Cataluña tiene muchos matices y lecturas. Frente a quienes desde hace tiempo piden al Gobierno una acción más contundente para frenar esta consulta ilegal en la que la Generalitat está invirtiendo tanto dinero y esfuerzo político, hay otra vía que pide acción, pero sin concretar la forma de encauzarla. Dicho de otro modo, unos piden la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y otros, que ya entienden que de momento no cabe negociación ante la magnitud de la apuesta a todo o nada de quienes quieren separar a esta comunidad, enfrentándose no solo a legalidad, sino a una amplia mayoría de catalanes que discrepan abiertamente, cada vez más y en público, sobre la acción de gobierno que está encaminada a separar a los propios catalanes.

Sin duda esta vía que suspendería el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para la comunidad es solo una prueba de acción del Estado junto a otras medidas que, de momento, no aclaran. Algo similar hace ahora el ejecutivo catalán que prefiere no dar publicidad a ninguna de las acciones para evitar el control, pero también porque el debate a los propios ciudadanos se les ha hurtado. Quedarán otras medidas duras que imponer y habrá provocaciones a las que no habría que hacer frente. El propio gobierno catalán se está asfixiando con su depuración interna y una vez se celebre o no esa consulta tendrá que convocar elecciones porque no tiene más recorrido. Será en ese momento cuando sea necesario retomar la senda de la negociación, siempre que haya intención y esté dentro de la legalidad. Ni más ni menos.